Abogado critica al CM por “cerrarse” en el caso de los aplazos

El abogado Edward Armas señaló que no hacía falta que el Centro de Abogados, para representar a más de 120 abogados presente su estatuto y recordó que el propio Consejo de la Magistratura (CM) habilitó una sección en su web para denuncias anónimas que no requieren ni siquiera identificación del denunciante. Sin embargo, las notas presentadas por los postulantes que pedían una reconsideración a la elaboración del examen, tenían nombres, apellidos, números de matrículas de los profesionales del derecho afectados por los aplazos masivos.

El ministro Jiménez Rolón, en otra ocasión para justificar una posición en la Corte se había valido e invocado a los derechos constitucionales de “Igualdad de las personas”, y el “Acceso a la función pública”, y agregó entonces que las barreras que impedían la obtención de estos beneficios, debían ser derribadas. En esta ocasión, en la plenaria del CM, opinó todo lo contrario, y fue él quien impuso los obstáculos, incluso exigiendo la presentación del estatuto al Centro de Abogados.

Armas también recordó al Consejo de la Magistratura que “no es un ámbito judicial para perderse en chicanas, y que las notas presentadas referían a circunstancias que podían ser verificadas de oficio por el órgano, siendo un hecho notorio que el 75% de los postulantes no hayan superado el mínimo exigido de 105 puntos, de un total de 150″.

Hubieron casos de llamativos aplazos como el del abogado, ex juez y profesor de la Escuela Judicial Gustavo Gorostiaga y de la directora de Género del Poder Judicial Silvia López Saffi, quienes no consiguieron el puntaje mínimo, esta última conocida igualmente en el ámbito didáctico y jurídico, sobre quienes no pueden quedar ninguna sospecha de incapacidad intelectual. De igual manera, hubo muchos jueces con más de 10 años antigüedad que ni siquiera alcanzaron el 50% de rendimiento, por ejemplo la magistrada María Vera de Errecarte, de San Juan Nepomuceno, indicó.

Armas también aclaró que “en ningún momento se pidió bajar la escalas de puntajes, ni que se habilite masivamente a los examinados, sino la revisión del cumplimiento del reglamento y la implementación de un sistema de evaluación conforme a la moderna didáctica y pedagogía superior universitaria”, explicó.

El abogado, asimismo, manifestó que los consejeros le dedicaron bastante tiempo a los pedidos de los postulantes aplazados, denotando que les incomodó que se les haya hecho notar la violación de los artículos 1, 12.1 y 17 del propio reglamento del Consejo, y que ni siquiera analizaron durante la sesión de este lunes.

El mencionado artículo 12.1 del reglamento del Consejo dispone: “El primer examen corresponderá a los conocimientos generales y se refiere a la literatura constitucional y normas atinente a la materia judicial que debe conocer el candidato”. Los objetores indican que la evaluación no era precisamente sobre temas referentes al ámbito judicial.

Sin acceso a las respuestas

Armas de igual manera cuestionó que el presidente del Consejo, Oscar Paciello Samaniego, haya dicho públicamente que los pliegues de preguntas y cantidad de respuestas correctas siguen lacradas, por tanto, técnicamente admitió que ningún postulante tuvo la oportunidad de poder efectivamente controlar sus respuestas y sus preguntas para hacer las objeciones debidas.

El Consejo de la Magistratura rechazó “in límine” los pedidos de nulidades que se presentaron, no así los pedidos de revisiones, reconsideraciones, e incluso las denuncias de algunos postulantes que no figuraron en la lista de examinados, a pesar de hacer la prueba sobre la Constitución Nacional, y estos últimos pedidos serán analizados

Según los mismos datos proporcionados por el Consejo, el ministro de Corte Manuel de Jesús Ramírez Candia fue uno de los que elaboró los temas del examen sobre la Constitución Nacional.

Los antecedentes

El 25 de noviembre pasado, el Consejo de la Magistratura tomó el examen de conocimientos generales a 1.869 postulantes a los edictos 1 al 6 y 8 de 2021, que convocaba a concursos para cubrir cargos vacantes y por fenecimientos de mandatos para funciones de jueces y fiscales.

Sin embargo, solo el 25% de los postulantes accedió al puntaje mínimo de 105, es decir, unos 480 postulantes, y el resto quedó eliminado del concurso de ternas. El puntaje máximo fue de 150, distribuido en 50 preguntas que concedía 3 puntos a cada una de ellas.