consejo de la magistratura

Los abogados escogieron a Jorge Bogarín Alfonso para representarlos en el Consejo de la Magistratura (CM), el que le designó a su vez como su representante en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). En este organismo, sus miembros lo eligieron como presidente, para luego reelegirlo contra la ley. Se diría que se trata de un prestigioso jurista, dotado de atributos morales e intelectuales suficientes para merecer la confianza de los “auxiliares de la Justicia” y de dos órganos integrados por legisladores y ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre otros. Empero, sus repudiables actuaciones hoy conocidas desmienten dicha presunción, a lo que se agrega un extraordinario salto patrimonial, poniendo en tela de juicio el tino de quienes le dieron tan altos cometidos.

A pedido del senador Pedro Santa Cruz (Frente Guasu), el Consejo de la Magistratura aprobó una resolución que insta al abogado Jorge Bogarín Alfonso, declarado como significativamente corrupto por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a presentar renuncia ante el cuerpo colegiado. Los consejeros coincidieron en que la gravedad del caso podría afectar la institucionalidad del CM.

Declaraciones juradas presentadas por Jorge Bogarín, miembro del Consejo de la Magistratura y declarado “significativamente corrupto” por EE.UU., presentan más inconsistencias. Diferencias en los ingresos manifestados por su esposa, la jueza Karen González, y la devaluación de su inmueble se suman al millonario aumento en el manejo de dinero en los últimos 9 años.

María Teresa González de Daniel, la tercera y última en integrar la terna para ministra de la Corte Suprema de Justicia, negó las acusaciones en su contra en las que asguraban que tenía vinculos con el clan González Daher y Horacio Cartes.

Jorge Bogarín, miembro de Consejo de la Magistratura, habló por primera vez tras ser designado como “significativamente corrupto” por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El consejero reafirma su inocencia y dice ponerse a disposición de las autoridades para la investigación.