El imputado gobernador de Central se “lava” las manos y responsabiliza a las ONG

La comisión especial de intervención a la Gobernación de Central ayer recibió al imputado Hugo Javier González (ANR, HC) para que presente su descargo. En ningún momento de la presentación rebatió una sola causal de intervención. Su abogado Bernardo “Lalo” Villalba fue quien se encargó de responder cada una de las irregularidades denunciadas.

En un momento dado, Villalba señaló que la Contraloría le exoneró la responsabilidad al imputado gobernador de presentar documentos por las observaciones realizadas. Sin embargo, la diputada Rocío Vallejo (PPQ) le señaló que el fin de las observaciones era precisamente verificar los documentos.

Vallejo también le manifestó a Villalba que Hugo Javier tenía la obligación de controlar el dinero y que si no lo hacía podría estar cometiendo los delitos de lesión de confianza y omisión.

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Villalba preguntó a los miembros por qué Hugo Javier debía ser procesado si le dieron una factura clonada. A lo que nuevamente le señalaron que debía controlar el dinero público y que no podía desconocer su función de ordenador de gastos de acuerdo a la Ley 1535.

Los opositores cuestionaron que la Gobernación en el 2021 haya transferido nuevamente a la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) G. 5.105 millones, sin que antes haya rendido cuentas de lo que ya se le transfirió.

Sobre la falta de rendición de cuentas de los G. 18.000 millones transferidos a instituciones públicas y privadas, Villalba dijo que funcionarios de Contraloría “no tuvieron tiempo de controlar todo”. La diputada Vallejo le pidió no tergiversar su respuesta y lamentó que solo mediante un allanamiento puedan acceder.

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El diputado Édgar Acosta (PLRA) celebró que Villalba reconozca que existió una falla administrativa y consultó si la responsabilidad administrativa es de la Gobernación o de las ONG.

Villalba en todo momento señaló que las obras existen y que las ONG se aplazaron al no verificar las obras que ellos dieron a otras empresas para que se encarguen. La diputada Kattya González (PEN) mencionó que el 70% del presupuesto de la Gobernación (US$ 70 millones) se terminó transfiriendo a las ONG.

<b>Cartista habla de persecución</b>

El diputado Derlis Maidana (ANR, HC) dijo que en cuanto a las obras los concejales departamentales debieron acompañar para señalar cuáles son las obras que no existen y las que fueron pagadas dos veces.

“Me parece creíble la Contraloría, pero no me parece la Secretaría Nacional Anticorrupción. ¿Por qué no denunciaron el tema del tapabocas y del agua tónica de Petropar? Es una institución a todas luces que actúa de acuerdo a la cara de los enemigos políticos del Gobierno, son perseguidos por esa institución”, dijo al minimizar la denuncia de la Senac en contra de su compañero de carpa política, Hugo Javier.