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El gobernador de Central fue a Diputados junto con su abogado, Bernardo “Lalo” Villalba, un senador suplente que asumiría pronto una bancada en el caso de que la Cámara Alta apruebe la designación de Enrique Riera como embajador ante la OEA.
El político está imputado junto con otras 14 personas por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal en el marco de una investigación por supuesto despilfarro de fondos de emergencia por COVID. Sin embargo, la Fiscalía lleva adelante otras pesquisas paralelas que podrían ampliar la imputación.
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Hugo Javier González habría desviado miles de millones de guaraníes de forma astuta a través de diferentes ONG para evitar el control de Contrataciones Públicas. El Ministerio Público no solo sostiene que hay algunas obras que no se hicieron, sino que otras existen y se pagó dos veces por ellas. La SET también alertó sobre una presunta clonación de facturas.
“Venimos a defender nuestra gestión munidos de documentos que demuestran que no hay obras fantasmas, que se ejecutaron todas, que no hubo doble pago y que las obras están. Las medias verdades se van a dilucidar con los documentos. La verdad se va a dilucidar con documentos”, aseguró Hugo Javier.
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En otro momento, consultado sobre si el cartismo lo “blanquearía” de una posible intervención, respondió que “la dinámica de la política es cambiante” y que “nosotros nos vamos a ceñir a lo que digan la Cámara y el pleno”.
“Vamos a cumplir presentando lo que nos corresponde, que justifica que las obras están, que no existen doble pagos”, añadió.
En relación a lo que dijo el titular de la SET, Óscar Orué, de que muchos políticos presionan para su “blanqueo”, contestó que “no existe tal cosa”.
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“Me presenté siempre y voy a trabajar en el marco de la ley. Las obras fueron verificadas por Auditoría del Poder Ejecutivo, por la Senac (Anticorrupción) y Contraloría, y verificaron que las obras están”, finalizó.
El dictamen de la comisión se espera para mañana. El tratamiento en plenario (con dictamen en mano) del pedido de intervención podrá realizarse recién a partir del 21 de diciembre, primer día del receso parlamentario, por lo que es altamente probable que los legisladores “congelen” el proceso.