La iniciativa ya había generado críticas de la oposición, lo que motivó que en la sesión del pasado 7 de diciembre se postergara su estudio.
Según la acusación de algunos diputados opositores, entre los artículos que se pretendían extender figuran varios que permitirían al Ejecutivo seguir utilizando de manera discrecional dinero público, para contrataciones sin concurso y licitaciones “vía excepción”.
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Por ejemplo, no se plantea extender el artículo 4º que refiere a medidas de racionalización de gastos, pero sí el artículo 6, que faculta al Ministerio de Salud, el de Justicia y otras instituciones a realizar contrataciones sin concurso.
Otro artículo que ya habían cuestionado es el 10º, que dispone que “la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas adopte medidas administrativas, simplificadas y expeditivas de contratación por vía de las excepciones” para las instituciones supuestamente afectadas en la gestión de la pandemia, entre ellas, desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería hasta incluso Petropar, donde ya se registraron casos de compras irregulares.
Durante la anterior sesión diputados opositores ya habían adelantado su postura de rechazo a esta iniciativa, sobre todo considerando que actualmente la situación epidemiológica no es catastrófica como para ameritar seguir dando estas facultades al Poder Ejecutivo.
Más aún, recordando que el próximo año será electoral, por la internas presidenciales fijadas para diciembre y temían que permita seguir con el “vito” de dinero público, tal como hay serios indicios que ocurrió en la Gobernación de Central, administrada por el imputado Hugo Javier González (ANR, cartista). De esta manera el proyecto deberá ser tratado a la vuelta del receso parlamentario, a partir del 2 de marzo de 2022.