El abogado y experto en acceso a la información pública, Ezequiel Santagada, realizó un desmenuzado análisis matemático de las declaraciones juradas del presidente Santiago Peña, luego de reciente resolución de la Contraloría General de la República (CGR), que dictaminó de forma favorable la correspondencia en la evolución patrimonial.
En ese sentido, el experto detectó inconsistencias financieras que la Contraloría evitó investigar, y dejó bajo la lupa un bache de más de 9.000 millones de guaraníes.
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De acuerdo con la investigación independiente de Santagada, que cruzó los datos oficiales de las declaraciones juradas del presidente con los ingresos filtrados en su momento, el crecimiento de la fortuna de Peña muestra una brecha sin lógica.
En números redondos, Santiago Peña declaró un patrimonio de G. 23.000 millones en el año 2023 y de G. 25.000 millones en el 2025. El argumento oficial es que el mandatario generó este capital gracias a su alta remuneración en el sector privado, específicamente como directivo del Banco Basa entre mayo de 2018 y julio de 2022, tras dejar el Ministerio de Hacienda.
La matemática contradice a Peña
Si se suma el patrimonio inicial que Peña tenía en 2017 (unos G. 2.000 millones) más la totalidad de los ingresos demostrables y declarados que percibió durante su etapa en Banco Basa, la suma real da un estimado de G. 13.000 millones.
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El problema radica en que el mandatario manifestó poseer G. 23.000 millones al asumir el cargo en 2023. Existe una diferencia de G. 9.000 millones que nadie sabe de dónde salió y que el examen de correspondencia de la Contraloría simplemente obvió analizar bajo el débil argumento de que solo puede auditar los periodos en que Peña fue funcionario público.
“Se utilizó un doble estándar”, cuestionó Santagada, y comparó el blindaje al presidente con los estrictos criterios aplicados a otros funcionarios en situaciones idénticas, como el de Eddie Jara.
Peña se empobrece y el misterio de los créditos exprés
Otra de las grandes inconsistencias descubiertas en los documentos del propio mandatario tiene que ver con un ritmo de gastos y cancelación de deudas que resulta insostenible frente a sus ingresos reales.
Entre finales de diciembre de 2024 y mayo del mismo año, ya siendo presidente de la República, la firma ueno bank le otorgó a Peña tres préstamos por un total de 600.000 dólares. Lo llamativo es que, mientras sigue pagando un crédito de US$ 300.000, los otros dos préstamos restantes los canceló por completo apenas en el cuarto y quinto mes. En total, Peña devolvió 310.000 dólares en tiempo récord, además de abonar las cuotas fijas del primer préstamo.
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Para entender la gravedad, el presidente de la República genera un ingreso anual groso modo de 320.000 dólares, desglosado en US$ 76.000 de salario público neto sin aguinaldo y US$ 243.000 provenientes de sus inversiones financieras.
Si a esos ingresos anuales se le restan sus altísimos gastos mensuales declarados de US$ 12.200, unos US$ 146.000 al año, la capacidad de ahorro del mandatario queda reducida. A pesar de esto, Peña pagó deudas por US$ 336.000 en un brevísimo plazo.
A este llamativo flujo de caja se suma que el jefe de Estado mantiene una deuda declarada de G. 2.000 millones con una empresa constructora, de la cual tampoco se especifica cómo o con qué fondos será saldada.
“Peña está dilapidando su capital. Se fue a Columbia University, trabajó en el Fondo Monetario Internacional, fue ministro de Hacienda en una época de crecimiento, es presidente y ¿se está empobreciendo? Con todos esos títulos, se equivocó groseramente en su propia declaración jurada”, sentenció el analista.
Para Santagada, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar a fondo si el Banco Central del Paraguay (BCP) auditó si estas millonarias remuneraciones correspondían realmente al mercado y, sobre todo, aclarar el origen de los fondos del presidente, en lugar de adoptar una postura corporativa de ofensa ante los reclamos de transparencia ciudadana.