“Luego de los reiterados pedidos de las delegaciones de Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay en el ámbito de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía, la comitiva de Argentina no ha podido demostrar con evidencias que se dé una contraprestación de servicios que mejoren la vía de navegación o aumenten la eficiencia y seguridad de la misma”, manifestó el presidente del gremio Cafym, Raúl Valdez.
Destacó que el hecho se ve reflejado en forma contundente en el acta de la última reunión de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay - Paraná firmada por los países partes, incluyendo a la Argentina.
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Admitió que el tema del peaje fluvial se encuentra en situación de controversia con la Argentina y que el acto de interdictar a una embarcación por adeudar un peaje que no es reconocido por las partes se constituye en clara transgresión a lo dispuesto por el Acuerdo de Transporte por la Hidrovía Paraguay - Paraná.
Es trasgresión al Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, señala Cafym
“Mientras la Argentina no demuestre lo contrario, este peaje fluvial es un arancel arbitrario”, afirmó Valdez. Alegó igualmente que una orden de embargo e interdicción para navegar por parte de Argentina, como consecuencia de negarse a pagar un impuesto que no corresponde, es una interrupción del libre tránsito que se constituye en un apriete sistemático para cobrar el peaje.
“Se deben suspender los efectos de esta resolución ministerial de Argentina, mientras dure el proceso de solución en la Comisión del Acuerdo y del Comité Intergubernamental de la Hidrovía”, opinó.
Este actuar del vecino país es ilegal y va totalmente en contra del espíritu de integración y cooperación entre los países que conformamos este bloque, finalizó.