En la audiencia de imposición de medidas llevada a cabo el 5 de diciembre pasado el juez de Garantías Humberto Otazú Fernández había intimado a la entonces jueza penal de Garantías de Lambaré Isabel Bracho a presentar una fianza real o personal, hasta cubrir G. 150.000.000, como una de las medidas alternativas a la prisión en el marco de la causa por presunto cohecho pasivo agravado (coima), frustración de la persecución y ejecución penal; y realización del hecho por funcionarios.
En cumplimiento a dicha disposición del juzgado la defensa ofreció la caución personal de Ignacio Brítez a favor de Isabel Bracho, cuya renuncia al cargo de jueza de Garantías de Lambaré fue admitida por el pleno de la Corte Suprema de Justicia en la sesión plenaria del pasado 10 de diciembre.
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Al admitir dicha fianza Otazú advierte que en caso de fuga o incomparecencia de Bracho a los llamados de la Justicia, el monto de la caución será ejecutado.
Supuesta coima de Galindo
La imputación presentada el 17 de noviembre pasado por el fiscal Néstor Coronel, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, es contra la ahora exjueza de Garantías Isabel Bracho, la actuaria judicial Ruth Ferreira y la exfiscala Egidia Gómez, por la supuesta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado (coima), frustración de la persecución y ejecución penal, así como la realización de los hechos por funcionarios.
De acuerdo con la teoría de Fiscalía Bracho y Gómez favorecieron irregularmente al presunto traficante de drogas Walter José Galindo Domínguez.
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Según la imputación, la ahora exmagistrada cobró US$ 50.000 para revocar la prisión y otorgar el arresto domiciliario al procesado en el caso Mercat; quien luego fue desvinculado del caso, tras el cambio de paquetes de presunta cocaína por bicarbonato de sodio.