La jueza de Paz de Julián Augusto Saldívar, Lidia Fariña, actual interina del juzgado de Paz de Lambaré, denunció el hallazgo de 38 expedientes que no se encontraban en el recinto judicial, por lo que comunicó la situación al ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, Eugenio Jiménez Rolón.
Los expedientes en cuestión no están en trámite ni se encuentran registrados en los sistemas administrativos del juzgado, por lo que se presume que podrían formar parte del esquema de la “mafia de los pagarés”.
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Como primera medida, Jiménez dispuso medidas de resguardo de los expedientes y la intervención de la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, cuyo titular es el abogado Rodolfo Heyn.
Los auditores deberán constituirse en la citada dependencia judicial para realizar el inventario correspondiente, verificar la situación de los expedientes y elaborar posteriormente un informe sobre el estado de cada uno.
Cambio de cerraduras y custodia policial
Asimismo, el ministro Jiménez Rolón dispuso el cambio de cerraduras de la sede y el refuerzo de la guardia policial en el Juzgado de Paz de la ciudad de Lambaré, como medidas preventivas de resguardo institucional.
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Hace una semana se dio una situación similar en el juzgado de Paz de Luque, motivo por el cual se dispuso igualmente una auditoría a dicha sede judicial.
Víctimas de la mafia de los pagarés urgen cese de embargos
Llamativamente, la aparición de estos expedientes “fantasmas” se dan en momentos en que las víctimas de la mafia de los pagarés se movilizan en todo el país para exigir el levantamiento de embargos dictados en forma irregular, en cumplimiento de la Ley N° 7614/25. La referida legislación dispone la suspensión de dichas medidas en juicios ejecutivos cuyos documentos no estén en sede judicial, sin protocolo condicionante.
“La ley N° 7.614 fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 30 de diciembre de 2025, por lo que se encuentra plenamente vigente desde el día 31 de diciembre de 2025, sin necesidad de ninguna instrucción, reglamentación, protocolo o actuación administrativa de parte de la Corte Suprema de Justicia, ni de ninguna otra autoridad”, señala el comunicado divultado por la máxima instancia judicial el 22 de enero último, oportunidad en que exhortó a los jueces a dar cumplimiento a la disposición legal.
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Luque: irregularidades e incendio selectivo
El 23 de enero pasado, el ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, Eugenio Jiménez Rolón, dispuso la intervención de auditores, la realización de un inventario y la adopción de medidas de resguardo documental en el Juzgado de Paz de Luque.
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La decisión se da luego de constatar la existencia de expedientes judiciales que presuntamente no estaban en trámite ni registrados en los sistemas administrativos del juzgado, en una dependencia de la sede.
La aparición de los expedientes “fantasmas” fue reportado por la jueza interina Cynthia Usher, a partir de una verificación interna.
Los expedientes en cuestión no se encontraban en trámite ni están registrados en los sistemas administrativos del juzgado, y se presume formarían parte del esquema de la mafia de los pagarés.
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El 18 de octubre de 2025 la Corte Suprema suspendió a la jueza de Paz de Luque Norma Beatriz Ortiz Ruiz Díaz y a 18 funcionarios de las dos secretarías, a raíz de una serie de irregularidades detectadas en la tramitación de juicios de cobro de guaraníes auditados en el marco de la mafia de los pagarés.
Otro dato sumamente llamativo aportado por el equipo auditor es que el 27 de febrero pasado se registró un incendio “selectivo” en el citado juzgado, ubicado en las céntricas calles Iturbe y Benigno González, pues no afectó causas por violencia doméstica.