La jueza de Ejecución Especializada en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado Sandra Kirchhofer rechazó el recurso de reposición promovido por el usurero condenado a 15 años de cárcel Ramón González Daher, a través del abogado Erich Christian Ratzlaff Barreto, en contra de la providencia dictada por el Juzgado en fecha 22 de enero de 2026, mediante la cual confirmó la intervención de la fiscala de Ejecución Celia Beckelmann en la presente causa.
La defensa argumentó el recurso planteado en contra de la providencia, señalando que en fecha 9 de diciembre de 2025 el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón, emitió la Resolución FGE Nº 5080, que en su artículo 2° dispuso reasignar a la fiscala Diana Burgos Fretes para cumplir funciones como titular de la Unidad Penal N° 2 de Ejecución de Asunción, en reemplazo de la interina, fiscala Celia Elizabeth Beckelmann Acosta.
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Sin embargo, la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer resalta en el Auto Interlocutorio Nº 34 de fecha 10 de febrero de 2026 que para firmar la providencia del 22 de enero tuvo en consideración que la fiscala adjunta Nancy Salomón, a través de la Nota Nº 14/2026, informó que Beckelman se encuentra plenamente facultada para entender en la presente causa, ya que es la encargada de la Unidad Fiscal de Ejecución Especializada en Delitos Económicos; y la agente Diana Burgos está a cargo de la unidad fiscal ordinaria.
“La confusión se debió al error involuntario de la actuaria judicial Karen Molinas al anexar el pedido de vinculación al sistema informático de la agente fiscal Diana Burgos, quien pasa a tomar intervención en las causas ordinarias en reemplazo de la fiscala Celia Beckelmann. Sin embargo, el 16 de julio de 2025, el fiscal general del Estado asignó a la agente Celia Beckelmann para intervenir específicamente en la causa penal N° 122/2019, ‘Ramón González Daher s/lavado de dinero y otros’, sin que a la fecha haya variado dicha decisión”, resalta parte de la resolución de Kirchhofer.
Pidió informes sobre celulares de RGD
Lo que motivó el pedido de la defensa de Ramón González Daher, para desvincular de la presente causa a la fiscala de Ejecución Celia Beckelman, fue el requerimiento N° 1 presentado por la agente ante el Juzgado de Ejecución Penal, en fecha 14 de enero del presente año.
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Mediante dicho requerimiento, la fiscala Beckelman solicitó al Juzgado de Ejecución que libre oficio a la Dirección de la Penitenciaría de Coronel Oviedo, a fin de que las autoridades de esa cárcel informen sobre los 10 celulares incautados a Ramón González Daher y a su hijo Fernando González Karjallo, durante una requisa realizada el martes 28 de enero de 2025.
En el escrito, la fiscala de Ejecución Celia Beckelman recuerda que, según lo establecido en el Art. 91 del Código de Ejecución Penal, está prohibido al interno la tenencia y el uso de aparatos de comunicación dentro de las cárceles.
Celulares están en depósito del MP
La fiscala de Coronel Oviedo Noelia Montanía de Narvaja había solicitado autorización para peritar los celulares incautados a RGD y su hijo; sin embargo, el juez de Garantías Gustavo Ovelar rechazó el pedido de extracción de datos de los aparatos de comunicación.
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Para rechazar el pedido de pericia de los celulares, el magistrado argumentó que los mismos fueron encontrados en poder de Ramón González Daher y Fernando González Karjallo, en el marco de un procedimiento administrativo de control de celdas, por parte del personal penitenciario de la cárcel de Coronel Oviedo; y no fueron incautados en prosecución de una investigación de un hecho punible.
Tras el rechazo judicial para la extracción de datos, la fiscala Noelia Montanía envió los 10 celulares al Laboratorio Forense del Ministerio Público, donde permanecen bajo resguardo.
En diversas ocasiones las víctimas de usura de Ramón Mario González Daher han denunciado que el usurero luqueño continúa operando desde la cárcel, apretando a sus “clientes” de los créditos con intereses excesivos.
En consecuencia, piden que el Ministerio Público y el Poder Judicial arbitren los mecanismos para extraer los datos de los celulares, considerando que de esa forma se obtendrían las pruebas que confirmen las denuncias contra el clan.
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