La ejecución de la condena al usurero luqueño Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo a 15 y 5 años de cárcel, respectivamente, seguirá siendo tramitada por un Juzgado Especializado en Crimen Organizado y Delitos Económicos, con sede en Asunción. Ambos querían llevar el expediente a Coronel Oviedo, hasta donde fueron trasladados luego del Operativo Veneratio en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó el recurso de revisión que planteó Fernando González Karjallo, hijo del usurero luqueño Ramón González Daher, contra su condena a 5 años de prisión por lavado de dinero. El condenado había solicitado al máximo tribunal que declare su absolución y anule el comiso especial de sus bienes.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la integración de la Sala Penal para resolver el recurso de revisión que planteó Fernando González Karjallo, hijo de Ramón González Daher, en contra de su condena a 5 años de cárcel por lavado de dinero, en el mismo juicio en que su padre fue sentenciado a 15 años de pena privativa de libertad por usura, lavado de dinero y denuncia falsa. El máximo tribunal rechazó las recusaciones planteadas por la defensa.
Uno de los representantes legales de las víctimas del condenado por usura y lavado de dinero Ramón González Daher habló sobre el pedido de anulación de la sentencia que hizo la defensa de Fernando González Karjallo. El abogado afirmó que el argumento de que es una persecución política es un “absurdo”.
El fiscal Osmar Legal dijo que no hay “fundamento jurídico” para revisar la sentencia por usura y lavado de dinero contra el exdirigente deportivo Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo. Calificó de falta de respeto al Estado la afirmación hecha en el pedido de revisión presentado hoy a la Corte Suprema, en que Karjallo afirma que la condena fue un “garrote político”.
La defensa de Fernando González Karjallo, hijo de Ramón González Daher, solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que anule la sentencia que los condenó a 5 años y 15 años de cárcel, respectivamente, por usura, lavado de dinero y denuncia falsa. Fundamentan que el fallo, que dispone además el comiso de bienes por US$ 47 millones y fue confirmado por todas las instancias,es un “garrote político”.