El debate en torno a la instalación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en el barrio Villa Aeropuerto sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien sostuvo que la oposición al proyecto responde a intereses políticos impulsados por “un grupo reducido de gente”.
El conflicto se originó a partir de la denuncia de vecinos de la zona, quienes cuestionan la cercanía de la planta a las viviendas.
La situación derivó en la suspensión de las obras por parte de la Municipalidad de Pilar, que exige al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la presentación de todos los documentos técnicos, incluido el diseño ejecutivo final.
Pedro Alliana defendió el proyecto, asegurando que se trata de una infraestructura de “primer nivel”, comparable a sistemas utilizados en la capital del país, Asunción, y descartó que funcione a cielo abierto. “Es una planta moderna que beneficiará a toda la ciudad”, afirmó.
El vicepresidente también advirtió que el freno a la obra podría afectar el desarrollo de otros proyectos estratégicos. En ese sentido, sostuvo que Pilar podría convertirse en una de las ciudades más modernas de la región gracias a las inversiones contempladas en la Fase B de la defensa costera.
“Lastimosamente hay autoridades que no quieren el progreso, y esto responde a una cuestión política muy fuerte”, expresó Alliana, al tiempo de pedir paciencia a la ciudadanía y remarcar que los beneficios serán colectivos.
La obra forma parte de un paquete de inversiones ejecutado por el Consorcio Sanitario Ñeembucú, integrado por las empresas Benito Roggio e Hijos S.A, Los Trigales S.A y Constructora Heisecke S.A, con un financiamiento de unos 54 millones de dólares.
Sin embargo, los trabajos permanecen paralizados en ese punto mientras se resuelve la situación administrativa y social.
Por su parte, el viceministro de Obras Públicas, Hugo Arce, había señalado días atrás que, tras estudios técnicos, se decidió mantener la planta en el mismo predio de cuatro hectáreas, aunque aumentando la distancia a unos 200 metros de la vivienda más cercana.Inicialmente, el proyecto contemplaba una separación de apenas 80 metros.
La decisión final sobre la reanudación de las obras o un eventual traslado dependerá de la Municipalidad de Pilar, en medio de una creciente división entre autoridades y sectores ciudadanos.