La fiscal Jadiyi Ortiz, de la Unidad Penal Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente de Villarrica, formuló imputación contra Eugenia Benítez de Vera y Silvestre Vera, propietarios del terreno, así como contra Isidro Cabrera Pereira y Sofía Aidee Ruiz Santacruz, quienes serían socios en la actividad minera desarrollada en el lugar.
De acuerdo con la investigación, en el inmueble ubicado en la compañía Alfonso Cue de Paso Yobai se habrían realizado, desde diciembre de 2024, trabajos de excavación, construcción de piletas de lixiviación y otras intervenciones destinadas a la explotación y procesamiento de oro, sin contar con las habilitaciones correspondientes.
Durante un allanamiento realizado el 23 de julio de 2025, el Ministerio Público corroboró la existencia de múltiples fosas de gran tamaño, además de la presencia de maquinarias en funcionamiento y obreros realizando tareas en el sitio, lo que evidenciaría la continuidad de las actividades extractivas.
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En el mismo procedimiento, se detectó la modificación de un cauce hídrico que atraviesa la propiedad, con un ancho de entre 7 y 10 metros, donde incluso fueron instaladas alcantarillas de hormigón, lo que representa otra intervención irregular sobre los recursos naturales.
Según la Fiscalía, los imputados habrían omitido cumplir con las medidas de mitigación ambiental exigidas por la normativa vigente, además de no someter el proyecto al proceso obligatorio de Evaluación de Impacto Ambiental. Este es un requisito indispensable para obtener la Declaración de Impacto Ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).
Estas conductas se encuadran, según la imputación, en disposiciones de la Ley 716/96 que sanciona delitos contra el medio ambiente, así como en normativas vinculadas a recursos hídricos y evaluación ambiental, además del Código Penal paraguayo.
Conflicto con yerbateros
El caso adquiere mayor relevancia debido a que el mismo inmueble fue escenario de un conflicto entre mineros y productores de yerba mate, quienes desde hace más de un año vienen denunciando posibles afectaciones ambientales a sus cultivos y fuentes de agua.
Este enfrentamiento derivó en protestas por parte de los yerbateros, quienes intentaron impedir el avance de los trabajos extractivos, hecho que terminó en incidentes y procesos judiciales.
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En ese contexto, al menos cinco productores fueron imputados por su participación en las manifestaciones, mientras que uno de ellos deberá afrontar un juicio por los hechos registrados durante las movilizaciones.