Un total de 28 personas, de las 35 que inicialmente fueron imputadas, fueron acusadas por la presunta comisión del ilícito de estafa mediante sistemas informáticos, por la fiscala Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos. Las mismas se vieron involucradas en un perjuicio patrimonial que ronda la suma de G. 272.960.000, ocasionado tras la manipulación de la aplicación bancaria instalada en un celular extraviado.
Se trata de Alfredo Javier Orué Franco (30), alias Gordo; Fabián Alberto Giménez Otazo (57), Zeneida Raquel Ramírez Galeano (26); Blanca Rocío Amarilla Saravia (21); Lucas Tobías Riquelme Trinidad (20); Mirian Raquel Velázquez Cabrera (46) y Kevin Amín Haedo Brítez (19).
Lea más: Imputan a 35 personas por estafa informática de G. 272 millones
Así también se investiga a Ronaldo Javier Arévalos Acosta (21); Wilfrido Daniel Vera Ledesma (31); Melissa Jazmín García Duarte (25); Ernesto Alejandro Barúa Cantero (24); Rodrigo Gómez Giménez (24); Enzo Gabriel Ramírez Ortiz (23): y Lourdes Analia Bareiro Alfonso (31).
Igualmente, están encausados Miguel Ángel Bareiro Alfonso (29); Lourdes Díaz Mazzacote (19); Gabriela Elizabeth Giménez Cáceres (24); Celica Wilma Brizuela Domínguez (41); Mónica Raquel González Villalba (26); María Belén Valdez (27), Ángeles Luján Recalde Ortiz (21); Tomás Vidal Pérez Galván (73); y Ricardo Daniel Fleitas Vaesken (31).
Lea más: Fiscalía: los 4 delitos informáticos más frecuentes
Y por último, María Carolina Álvarez Barri (32); Jorge Luis Alderete Garay (22); Araceli Yanet Páez Cabañas (24); Vidalia Aurora Ferreira (54), y Estela Guadalupe Rojas López (27).
Otros indagados por millonaria estafa están con rebeldía
Por otra parte, la agente fiscal Benítez, señaló en su escrito presentado ante el juez penal de garantías Miguel Ángel Palacios, que otros imputados más en esta causa por estafa mediante sistemas informáticos existen personas que aún se encuentran en estado de rebeldía.
Se trata de los encausados Guillermo Matías Sosa Núñez (21); Iris Clarisa Ribeiro Campuzano (20); Naomi Camila Mora (27); y Clara Isabel Cabral, mayor de edad; quienes fueron imputados como los supuestos beneficiarios de las transferencias que oscilaban entre G. 3.000.000 a G. 30.000.000.
Lea más: Cinco estafas digitales que podés sufrir en 2025 y cómo evitarlas
Transfirieron G. 272 millones de la cuenta de aseguradora
De acuerdo con datos de la imputación, el 27 de octubre de 2024 el presidente de la firma “MSN Corredora de Seguros SA”, Jorge Elizardo Irala Portillo, extravió su celular, en el que tenía instalada la aplicación del banco GNB. Es así que la persona que lo halló tuvo acceso a la cuenta corriente de la empresa, asociada a dicha banca web.
Lea más: El phishing ahora se hace con voz: el auge del vishing con IA clonada
Es así que, el 13 de noviembre de 2024, Jorge Irala tuvo conocimiento de que en horas de la madrugada se realizaron en total 38 operaciones de transferencias de dinero, desde la cuenta de “MSN Corredora de Seguros SA”, que totalizaron la suma de G. 272.960.000. Cabe resaltar que fueron hechas sin autorización del denunciante.
Las sumas de dinero que fueron transferidas varían entre los montos de G. 3.000.000 y G. 30.000.000. Estas fueron remitidas a cuentas de los ahora imputados, abiertas en entidades como Banco Familiar, Banco Ueno, Finlatina SA de Finanzas, Tu Financiera, así como del Banco Itaú Paraguay y Banco GNB.
Uno de los presuntos estafadores también fue acusado en otra causa
Se trata de Alfredo Javier Orué Franco, acusado por la fiscala Irma Llanoquien junto con otras 26 personas, por el supuesto hecho de estafa mediante sistemas informáticos.
La fiscala Llano pidió juicio para los incolucrados en esta causa al juzgado penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, de Lici Sánchez.
Lea más: Acusan a 27 por estafa informática que ocasionó perjuicio de G. 310 millones
En este caso, fueron víctimas César Manuel Salinas Baranda, dueño del teléfono robado y desde el cual se hicieron las millonarias transacciones financieras; así como sus padres Pablo César Salinas Rodríguez y Doria Catalina Baranda de Salinas, y su hermano Pablo Jesús Salinas Baranda, y la firma administrada por ellos, “Distribuidora JEMA SA”, dedicada al rubro de la distribución de productos lácteos.
El perjuicio patrimonial fue de un total de G. 310.000.000, de los cuales los afectados solo lograron recuperar la suma de G. 10.000.000 por parte de dos personas que inicialmente fueron investigadas, pero a través de una conciliación, llegaron a un acuerdo con los afectados y devolvieron el dinero.