30 de junio de 2026

El encausado por Pavo Real Py Alexandre Rodrigues Gomes ahora fue acusado por los hechos de homicidio doloso, en grado de tentativa, y otros dos hechos punibles más, dentro de la causa abierta, tras el enfrentamiento que mantuvo con policías que integraron la comitiva que allanó su casa, en la madrugada del 19 de agosto de 2024.

La Fiscalía acusó y pidió juicio para 27 personas, sindicadas de coautoras del hecho de estafa a través de medios informáticos. Las mismas resultaron beneficiadas indebidamente, tras el robo de un teléfono y la vulneración de la aplicación bancaria instalada en el mismo y desde la cual, se realizaron varias operaciones ocasionando un perjuicio de G. 310.000.000 a un empresario.

Cinco personas fueron acusadas por presunta estafa por medios informáticos, por la fiscala Irma Llano. Las mismas se habrían beneficiado indebidamente de sumas de dinero, que fueron transferidas desde la cuenta bancaria de la víctima, cuyo celular le robaron en un concierto en el Puerto de Asunción. El perjuicio total fue de más de G. 226 millones.

El fiscal Andrés Arriola acusó y pidió juicio oral para 12 presuntos narcotraficantes y también para dos agentes de la Policía, que les habrían dado cobertura para operar en la localidad de Cerrito, departamento de Ñeembucú. Los supuestos integrantes de la estructura que traía cocaína, vía aérea desde Bolivia para enviarla a otros países de la región, fueron detenidos en distintos procedimientos realizados en el marco de la operación Cross.

El Ministerio Público solicitó la reapertura de causa y también presentó acusación contra Enrique Ariel González Almirón, en 2022 fue detenido cuando recibía 15 kilos de cocaína de parte de un camionero boliviano, en la ciudad de Villa Elisa. El ciudadano extranjero ya fue condenado en junio de 2025.

El suboficial ayudante Kevin Eduardo Montiel Sanabria y la oficial ayudante Gabriela Vasso Mosqueira fueron acusados por la fiscala Ruth Benítez, quien pidió que la causa se discuta en juicio. Además, requirió el comiso de bienes y un arma de fuego. El caso es por la eliminación de notificaciones rojas en el sistema informático de Interpol a Gianina García, pareja de Sebastián Marset, y un colaborador del mismo.