La acusación fue presentada por la fiscal Gloria Florentín, junto a sus agentes fiscales Juan Daniel Benítez, José Alberto Godoy y Laura Romero, quienes intervienen como coadyuvantes en la investigación.
Tras la presentación de la acusación, el Juzgado de Garantías de Santa Rosa del Aguaray deberá convocar a las partes para la audiencia preliminar, instancia en la que se definirá si la causa es elevada a juicio oral.
Los 29 procesados enfrentan cargos por invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública, resistencia, incitación a cometer hechos punibles, daños y tentativa de homicidio doloso.
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Del penal a medidas alternativas
Luego de los incidentes registrados en diciembre pasado, los imputados fueron detenidos y remitidos a la Penitenciaría Regional de San Pedro.
Inicialmente, 27 de los procesados fueron enviados a prisión preventiva, mientras que un adulto mayor obtuvo arresto domiciliario y otro imputado permaneció internado bajo custodia debido a heridas sufridas durante el enfrentamiento.
Con el avance del proceso, todos accedieron gradualmente a medidas alternativas hasta recuperar la libertad bajo condiciones impuestas por la Justicia.
El conflicto que derivó en la causa
Los hechos ocurrieron el 5 de diciembre, cuando una caravana integrada por aproximadamente 50 vehículos intentó llegar hasta la estancia Lusipar, pero en la zona conocida como lote Toro Vevé se produjo un enfrentamiento.
Los manifestantes derribaron el portón de acceso e intentaron ingresar al inmueble pese a la presencia de más de 800 efectivos policiales desplegados en la zona.
El enfrentamiento dejó dos policías heridos por disparos de arma de fuego, varios campesinos lesionados, daños a vehículos policiales y la incautación de 32 vehículos pertenecientes a los manifestantes.
Movilizaciones tras las detenciones
Luego de los procedimientos, organizaciones campesinas realizaron varias manifestaciones frente a la Fiscalía y al Juzgado de Garantías de Santa Rosa del Aguaray.
Los reclamos se centraron en la liberación de los detenidos y en la devolución de vehículos, herramientas y otros bienes incautados durante el operativo.
La disputa por las tierras de Lusipar
La estancia Lusipar cuenta con aproximadamente 11.000 hectáreas y fue incautada al narcotraficante brasileño Luis Carlos da Rocha, conocido como “Cabeça Branca”.
Actualmente el inmueble se encuentra bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados.
El arrendamiento de las tierras a privados es el principal motivo del conflicto, ya que organizaciones campesinas reclaman que el inmueble sea destinado a la reforma agraria y al asentamiento de familias sin tierra.
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Caso entra en una etapa decisiva
Con la acusación formal presentada por la Fiscalía, el proceso judicial ingresa ahora en una etapa clave.
La decisión del Juzgado de Garantías determinará si los 29 campesinos deberán enfrentar un juicio oral por uno de los conflictos de tierras más mediáticos registrados recientemente en el departamento de San Pedro.