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A su criterio, existió tráfico de influencias, ya que el legislador se valió de su cargo para que sus caseros perciban salario de la Cámara de Diputados cuando no prestaban servicios en la sede legislativa; sin embargo, fue beneficiado con una suspensión condicional del procedimiento.
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Dijo a ABC Cardinal que el Ministerio Público fue el que falló en esta cuestión. “El sistema procesal que permite la salida antes del juicio de determinados casos depende de la valoración del Ministerio Público y este no está obligado a aceptar cualquier planteamiento. Lo hace para liberarse de una causa y se evita el trabajo de preparar un juicio oral”.
Expuso que, desde la perspectiva de la persecución penal, “el Ministerio Público representa a la sociedad; en ese sentido, tiene que hacer una valoración político-criminal de cuál es el mensaje que envía a la sociedad. En casos de corrupción, debería llevar el caso a juicio”, sea cual fuere el monto.
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Sostuvo que todas las veces que la Fiscalía toma la salida alternativa, “lo que hace es decir que no amerita llevar a juicio oral y público. Es una salida cómoda que no debemos tomar cuando estamos ante hechos de corrupción”.