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La representante del Ministerio Público dijo a ABC Cardinal que consiguieron evidenciar esto mediante pruebas informáticas realizadas al teléfono de los caseros, con lo que se demostró que nunca acudían al Congreso, pese a que había planillas de asistencia con sus firmas.
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Además, demostraron que el dinero era depositado en las cuentas de Ibáñez y de su esposa, Lorena Plabst, quienes ayer fueron beneficiados con una suspensión condicional del procedimiento.
“La acusación se presentó en 2014 y desde ahí se llamó a audiencia preliminar cuatro veces y nunca se pudo hacer por los incidentes presentados por los acusados. El viernes fuimos citados para una audiencia y en esa oportunidad la defensa presentó como hecho nuevo que ellos ya habían hecho el pago de G. 30 millones, monto del cobro indebido de estos funcionarios a la Cámara en 2014 y solicitan suspensión condicional. Además, la pareja ofreció como reparación del daño social la compra, instalación y puesta en funcionamiento de un generador eléctrico al leprocomio Santa Isabel, y los demás acusados, sumas de dinero para el mismo leprocomio”, expuso.
Si bien reconoce que la decisión de allanarse al pedido de la defensa no es “probablemente una decisión popular”, destacó que es “la primera vez que un legislador admite un hecho punible” y, por el hecho de devolver el dinero y hacer un resarcimiento social, consideraron la salida abreviada.
“Nosotros tenemos muchas veces la sensación de impotencia, cuando tardamos años en poder llegar y a veces ni llegamos a que se admita o no se devuelva ni un vaso de leche”, argumentó con respecto a la sensación de impunidad que queda tras el fallo.