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Los abogados de Cajubi presentaron un incidente ante el tribunal integrado por las juezas Mesalina Fernández, Gloria Hermosa y Liza Battilana en el cual solicitaban que se les dé la libertad ambulatoria a Víctor Daniel Bogado, Mariano Escurra Vicésar, Walter Elías Delgado, Félix Juan Bautista Villamayor, Aurelio Ramón Sosa, José Salvador Alonso, Cíbar Enrique Insfrán, Ricardo Antonio Poletti y Édgar Rolando Mengual.
Ellos son 10 de los 13 procesados por el millonario desfalco que sufrió Cajubi y cuyo monto asciende a más de US$ 40 millones. El pedido se fundó en que estos procesados tienen prisión domiciliaria, pero gozan de un permiso “especial” que les permite estar en la calle de 7:00 a 19:00 para ir a trabajar.
Entonces, los abogados de Cajubi calificaron de "farsa" la medida de prisión domiciliaria y piden que sean liberados. Pero acá viene lo sui géneris del tema: la defensa de los procesados se opuso tenazmente a que sus clientes sean puestos en libertad y pidieron al tribunal que rechace el pedido de la querella y que sus defendidos sigan presos en sus casas.
De esta manera, la defensa quiere que sus defendidos sigan con la medida de la que gozan desde el 13 de octubre de 2013.
La intención de la querella es que sus clientes, ante una eventual condena, reciban un compurgamiento de pena por los meses que estuvieron con arresto domiciliario y de esa manera evitar ir a la cárcel. En el caso de ser absueltos, también esa medida de privación de libertad podría ser utilizada por los imputados para ir contra la Cajubi y pedir una indemnización.