En un 2026 marcado por el calendario electoral, con internas municipales previstas para el 7 de junio y la Justicia Electoral ya en etapa de ajustes técnicos del sistema de transmisión de resultados, vuelve a cobrar fuerza una pregunta de fondo, y es hasta qué punto la dinámica política, los recambios de liderazgo y la forma en que se disputa el poder ayudan a sostener realmente el desarrollo económico.
Sobre el tema, José Tomás Sánchez, doctor en Gobierno y analista paraguayo, propone salir de una discusión simplificada sobre la alternancia política. A su criterio, ni la continuidad garantiza por sí sola mejores resultados ni el recambio fortalece automáticamente la economía. La clave se encuentra en las condiciones institucionales que acompañan a uno u otro proceso.
“El desarrollo económico requiere, por lo menos, tres elementos: buenas condiciones económicas e institucionales, previsibilidad en la continuidad del sistema y los incentivos adecuados para ver dónde invertir, para poder innovar y para poder expandirnos”, señaló. Desde esa perspectiva, el sector privado no solo mira variables fiscales o monetarias, sino también la estabilidad de las reglas y la orientación de las políticas públicas.
Una base macro que sí funcionó
En su lectura, Paraguay logró sostener durante más de dos décadas algunos pilares que fueron funcionales al crecimiento. Sánchez remarcó que, desde 2003, más allá del color o de las disputas dentro del poder, el país mantuvo un esquema relativamente ordenado en aspectos centrales. “Se ha logrado mantener un sistema institucional que, a grosso modo, funciona de la misma manera; no gastar demasiado, no endeudarnos demasiado, mantener tributos ordenados y bajos, y ser prudentes en materia fiscal. Eso ha funcionado muy bien y eso hay que reconocer”, afirmó.
Ese reconocimiento es importante para evitar una lectura polarizada o partidaria. El especialista no plantea que Paraguay haya carecido de estabilidad ni que todo el desempeño económico reciente se explique por una sola variable política. Por el contrario, admite que existió una base de previsibilidad macroeconómica que ayudó a sostener condiciones favorables para invertir y planificar, pero que eso tiene un límite.
El problema de la alternancia interna
Donde ubica justamente esa limitación es en la forma que adopta la alternancia dentro del sistema paraguayo. Según explicó, en muchos países el recambio se da entre partidos que se suceden en el Gobierno. En Paraguay, en cambio, la disputa suele ocurrir dentro del propio oficialismo, entre facciones o corrientes internas.
“En otros países, la alternancia se da entre partidos de gobierno; acá se da entre facciones de gobierno”, indicó. El problema, agregó, es que cambian los liderazgos en la cima del poder, pero no se consolida una estructura estatal suficientemente profesional y autónoma para dar continuidad técnica a las políticas.
Cuando eso ocurre, las prioridades públicas pueden cambiar con demasiada facilidad. Programas, proyectos o destinos de recursos quedan más expuestos a la disputa política, y esa inestabilidad termina afectando la calidad de la gestión. Para Sánchez, el punto de fondo no es solo el cambio de nombres, sino la falta de una burocracia capaz de sostener políticas de largo plazo más allá de la interna de turno.
Un Estado menos dependiente de facciones
Uno de los núcleos más fuertes de su planteo pasa por la profesionalización del aparato estatal. En los países desarrollados, sostuvo, la alternancia entre partidos suele empujar una mayor separación entre política y administración, porque los funcionarios permanentes no pueden responder orgánicamente a cada cambio de color.
En Paraguay, en cambio, la alternancia interna dentro de un mismo partido puede producir el efecto contrario. “El problema de tener alternancia dentro del Partido Colorado genera estas dificultades para suscitar una burocracia profesional, porque los funcionarios públicos tienen que estar dependiendo de las corrientes políticas gobernantes”, advirtió.
Esa dependencia no es un tema menor para la economía, ya que si la burocracia no logra autonomizarse, se resiente la capacidad del Estado para sostener planes, acumular experiencia técnica, coordinar inversiones y ofrecer señales consistentes al sector privado.
Seguridad jurídica para dar el salto
El otro gran componente del análisis es la seguridad jurídica. Para Sánchez, el salto hacia un estadio superior de desarrollo no depende solo de disciplina fiscal o incentivos a la inversión. Sobre esto mencionó algo clave, siendo que el salto también exige un sistema de justicia que funcione con autonomía real frente al poder político.
“Para dar un salto necesitamos ya árbitros neutrales”, sostuvo. En su visión, Paraguay ha construido una protección relativa de la propiedad privada y ciertos márgenes de funcionamiento institucional que alcanzan para el nivel de desarrollo actual, pero no para avanzar hacia una economía más compleja y confiable.
A su entender, en los países donde los actores políticos saben que pueden perder el poder aparecen más incentivos para fortalecer un Poder Judicial independiente. Quien hoy gobierna también quiere garantías para mañana, cuando eventualmente pase a la oposición. Esa lógica, según explicó, ayuda a consolidar contrapesos reales.
La conclusión del analista se aleja tanto del elogio automático a la continuidad como de la idealización del recambio. Lo decisivo, plantea, es si el sistema político genera previsibilidad, profesionaliza su burocracia y construye justicia independiente. Sin esos componentes, la economía puede sostener cierto orden; pero difícilmente consiga transformar esa estabilidad en desarrollo de largo plazo.