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Sin embargo, este caso tiene una cuestión particularmente grave y denunciada (e ignorada) ante los tres Poderes del Estado: el puente cae sobre el cementerio del pueblo indígena maká.
La construcción de la estructura en un lugar sagrado de los aborígenes y el atropello de sus tierras no es un reclamo que surge ahora que ya casi se concluye el paso que unirá Asunción con Chaco’i. No. ¡Constituye una demanda de hace 80 años!
Conforme a los documentos que presentaron los maká, el 25 de enero de 1944 el Estado paraguayo les cedió formalmente 335 hectáreas como gesto de reconocimiento por su apoyo en el triunfo de Paraguay en la Guerra del Chaco (1932-1935).
Los nativos colaboraron con sus conocimientos en la zona y asistieron a los soldados paraguayos para tomar agua durante el conflicto bélico, entre otros datos claves para la implementación de estrategias aplicadas con astucia en las batallas Nanawa y Pitiantuta (el agua dulce en medio del Chaco era un tesoro entonces y lo sigue siendo hasta hoy).
El intento de retribuir esa transmisión de sabiduría que permitió salvar vidas de compatriotas y mantener al Paraguay en el mapa, tal como lo conocemos hoy, habría sido la motivación del entonces presidente de la República Higinio Morínigo para firmar el documento que instrumentó el obsequio: el Decreto Nº 2190.
Ese escrito estipula otorgar lo más valioso para los indígenas: tierras. Las tierras son las que les permite desarrollar sus costumbres y tradiciones, pues se dedicaban a la pesca y a la caza.
Esa comunidad no conocía la vida “moderna” hasta que en el año 1986 una inundación les obligó a sus miembros a desplazarse a Mariano Roque Alonso para refugiarse, según los registros de su historia. Desde entonces nunca más volvieron al sitio donde se desarrollaba su cultura.
El puente impulsado por el propio Estado, el mismo que debe velar por la protección de las tradiciones de los pueblos originarios, representa un monumento al atropello de sus derechos; muestra la manera en que han sido tratados en las últimas décadas, empujados a salir de sus tierras ancestrales.
El paso plantea una circulación de 12.000 vehículos al día y una proyección de un desarrollo inmobiliario, aspectos que implican una alteración total del ecosistema y sin una pizca de participación y consentimiento del pueblo maká, tal como estipula la Constitución Nacional del Paraguay y normativas internacionales cuando algún proyecto les afecta. Ante este panorama, ese grupo de gente ya inició los trámites para recurrir a la Corte Internacional de los Derechos Humanos.
El daño está hecho. Pero el presidente Santiago Peña tiene la brillante oportunidad de hacer historia y ser diferente a los presidentes de las últimas 8 décadas y asegurar que se implementen con creces la infraestructura y logística que permitan a los maká y a todos los pueblos indígenas del país la perpetuidad de su cultura y sus parcialidades.
El Paraguay les debe. Pues hoy, el Estado paraguayo con acciones y omisiones está empujando a la extinción de los pueblos indígenas.