Esta situación generó un temor fundado en la población: quedarse sin agua potable. El agua es un derecho básico, indispensable para la vida, la salud y la economía local, y no puede ser comprometida en favor de emprendimientos privados.
Durante más de un año y medio, los vecinos realizaron marchas, cierres parciales de rutas y vigilias, portando pancartas que exigían el respeto al acuífero y el derecho de la comunidad a decidir sobre el uso del agua. Además, elevaron sus reclamos ante autoridades locales y nacionales, solicitando la intervención del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN) y del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), con el objetivo de garantizar la protección del recurso.
La postura tardía de Petrohue, después de más de un año, emitió un comunicado sobre la situación, evidenció la falta de transparencia y de responsabilidad social empresarial. Esta demora subraya la necesidad de mecanismos más ágiles que permitan a las comunidades acceder a información clara y oportuna sobre proyectos que impactan recursos esenciales.
La disputa también se trasladó al ámbito judicial. La Corte Suprema de Justicia falló en favor de la comunidad, revocando medidas cautelares que permitían la explotación del pozo y priorizando el derecho al agua de los habitantes de Atyrá por encima de intereses particulares. Este fallo histórico confirma que la presión social organizada, sumada a la defensa jurídica, resulta fundamental para proteger los bienes comunes frente a iniciativas que buscan lucrar con recursos esenciales.
Más allá del aspecto jurídico, el caso deja lecciones importantes. Cuestiona la ética y la responsabilidad de empresas como Petrohue y pone en evidencia las limitaciones y demoras de los organismos estatales encargados de garantizar el acceso al agua.
La experiencia de Atyrá envía un mensaje claro al país: el agua es un bien común, insustituible, y su defensa exige vigilancia constante, participación activa y firmeza frente a quienes pretenden priorizar beneficios privados sobre el bienestar colectivo.
faustina.aguero@abc.com.py