Un claro ejemplo de ello es la situación que afecta a unas 180 familias que viven en el Asentamiento San Rafael, ubicado en inmediaciones de la cárcel regional de Pedro Juan Caballero.
Un precario puente de madera, que constituía la única vía de acceso y conexión para las familias de la zona, quedó completamente inutilizado tras sufrir un incendio.
El hecho transformó la ya crítica situación de aislamiento parcial que padecían hace dos años en una emergencia humanitaria total.
La destrucción total del puente no es otra cosa sino la crónica de una tragedia vial anunciada, ya que durante más de 24 meses los pobladores realizaron visitas y denuncias públicas ante el estado calamitoso de la estructura de madera.
Sin embargo, la respuesta del Gobierno central y de las autoridades locales se limitó a una gran cantidad de promesas electorales y burocracia inútil, pese a la emergencia suscitada.
Una nueva promesa de resolver el problema con la construcción de un puente se ha dado en las últimas horas por parte del gobernador del departamento de Amambay, pero los ciudadanos afectados ya no están dispuestos a esperar y exigen que la obra se realice cuanto antes para evitar una tragedia mayor.
Los afectados por la penosa situación esperan el fin del aislamiento crítico que expone, una vez más, el abandono institucional del Estado paraguayo y que los responsables de las instituciones garanticen condiciones de vida dignas para los pobladores de la zona.
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