Tras el crimen del que fueron víctimas estos humildes trabajadores, familiares de uno de los fallecidos denunció ante la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) que el Estado los abandonó completamente y los dejó en estado de desprotección, así como sin información y asesoramiento en lo referente a la investigación del crimen.
De acuerdo a la presunción de las autoridades, los autores del atentado habrían sido miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Los humildes trabajadores que perdieron la vida fueron Esteban David Valenzuela (28) y Julio César Aveiro Cárdenas (31), quienes prestaban servicios en la estancia San Jorge Mbarakaja’i, ubicada entre los departamentos de Concepción y Amambay.
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Rastros de ejecución la ejecución de alambradores
Estos alambradores fueron secuestrados el 5 de marzo y hallados muertos el 12 de abril de este año en zona de Yby Yaú.
Ambos vestían sus ropas de trabajo, botines, jeans, remeras básicas de algodón y abrigos. Al hallarlos, ambos tenían rastros de haber sido ejecutados con armas de fuego, según el informe forense.
Doña Cirila Valenzuela, madre de Esteban David -y suegra de Julio César- denunció que, desde la muerte de su hijo y su yerno, su familia fue totalmente abandonada por las autoridades, de acuerdo con el reporte de Codehupy. Aseguró que ninguna institución le informó cómo sigue la investigación para determinar cómo y por qué su hijo y su yerno fueron secuestrados y asesinados.
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Padre murió sin hallar justicia para su hijo
Así también, lamentan que nunca recibieron ningún tipo de acompañamiento y contención psicológica, ni los adultos ni los niños y niñas que quedaron huérfanos. Resaltó que su marido quedó severamente afectado en lo emocional por el asesinato de su hijo, tanto que el 10 de mayo pasado falleció de un infarto.
Valenzuela afirmó que ambos jóvenes eran quienes sostenían la economía familiar y después del crimen quedaron sumidos en una gran necesidad económica.
La entrevistada contó que la única institución que los apoyó en sus reclamos es la Iglesia, a través del Decanato de Tapiracuái de la Diócesis de San Pedro Apóstol, que solicitó a las autoridades que trabajen para proteger la vida y el bien social de toda la ciudadanía.
Tienen derecho a la verdad
Oscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo de la Codehupy, indicó que la crisis de seguridad que se vive en el norte y las víctimas directas e indirectas que esta genere, son responsabilidad del Estado. Indicó que las familias de ambos jóvenes tienen derecho a exigir una exhaustiva investigación que les permita saber qué ocurrió.
Así también, tienen derecho a una atención integral en los ámbitos, psicológico, social y económico. Se comprometió a que la Codehupy brindará acompañamiento a la familia para presentar sus reclamos ante las autoridades pertinentes.