Fiscala pide prisión de presunto estafador que tenía más de 487 contratos apócrifos

La fiscala de Capiatá Carolina Martínez imputó por estafa y otros hechos punibles a Rubén Darío Zorrilla, para quien también pidió la prisión ante el Juzgado Penal de Garantías de Turno. El investigado fue detenido en su casa donde tenía poco más de 487 contratos privados firmados por sus víctimas, a las que convencía para realizar operaciones de compra-venta a cambio de inmuebles o rodados que hacía pasar como de su propiedad.

Los documentos incautados de la vivienda de Rubén Darío Zorrilla, correspondientes a contratos con víctimas de presunta estafa.
Los documentos incautados de la vivienda de Rubén Darío Zorrilla, correspondientes a contratos con víctimas de presunta estafa.gentileza

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La fiscala Carolina Martínez encabezó este jueves a la mañana un operativo en la ciudad de Capiatá, acompañada por policías del Departamento contra el Crimen Organizado, en el que se logró la detención de Rubén Darío Zorrilla, quien cuenta con un amplio prontuario por casos de estafa. Al igual que esta persona, también fue detenida su esposa.

La agente del Ministerio Público tomó audiencia indagotoria y posteriormente formuló imputación contra la pareja por la presunta comisión de hechos punibles de estafa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos. En el caso de Zorrilla, en carácter de autor, mientras que en el de su esposa, en calidad de cómplice.

Del domicilio de Zorrilla se incautaron más de 487 contratos privados, todos con certificación de firmas, hechos con varias víctimas, además de un libro de protocolo de escribanía con el sello del Colegio de Escribanos del Paraguay, a través del cual se constató que los detenidos engañaban a sus víctimas y las inducía al error para la firma de los documentos. También, se hallaron otras dos bolsas con documentos que serán inventariados, informó a ABC la fiscala Carolina Martínez.

Martínez también refirió que ordenó la intervención de un médico forense al momento de la intervención, esto debido a que “esta persona se hace pasar por alguien con una enfermedad terminal y por eso no puede no puede ser objeto de un proceso penal”.

Añadió que presentaba certificados médicos presuntamente falsificados e informes de que será sometido a cirugía. Los documentos también señalaban que Zorrilla “no tenía movilidad, es ante esta situación y para tener un grado de certeza pedí la asistencia de un médico que determinó que padece una enfermedad de base, pero no tiene afectada su movilidad, se desenvuelve normalmente y no hay impedimento para que afronte una causa penal”.

Tiene 74 denuncias y habría causado perjuicio de G. 160 millones

La fiscala Carolina Martínez explicó que el allanamiento se realizó teniendo como base dos causas, en las que las víctimas sufrieron un perjuicio patrimonial total de G. 160 millones.

En otro momento añadió que, Rubén Zorrilla cuenta con un total de 74 denuncias a nivel país, en distintas sedes del Ministerio Público y por varios hechos punibles, en su mayoría por casos de estafa, según informes que recibió la investigadora de la Fiscalía.

En cuanto al procedimiento de este viernes, Martínez señaló que ante la existencia de la gran cantidad de contratos, existen elementos propios de un asiento registral, ten alusión al hallazgo de un libro de protocolo notarial que cuenta con el sello del Colegio de Escribanos del Paraguay.

“En ese caso ya solicité informes al Colegio de Escribanos del Paraguay y a la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, para tener conocimiento de si ese libro fue expedido por ellos por eso tiene registro o si fue hecho por los detenidos”, manifestó la fiscala.

Captaba víctimas por redes sociales y simulaba propiedad de bienes

Según datos recabados en la investigación Zorrilla captaba a sus víctimas a través de las redes sociales, a las cuales convocaba hasta su domicilio y lograba convencer para cerrar un trato, ya sea de compra-venta o de permuta. Además, estaría respaldado por una escribana de confianza para los trámites de rigor público, según señaló la fiscala Martínez.

Es así que Zorrilla, al tener a su víctima en frente, convocaba a un sobrino -cuya detención ya ordenó la fiscala- para que traslade a la persona incauta hasta donde se encontraba el vehículo o el inmueble ofrecido a cambio, que supuestamente eran propiedad del hoy imputado, o por sumas de dinero.

Además, ese sobrino le exhibía el presunto título de propiedad con certificado de firma, que le daba una fachada de legalidad, con lo que la víctima tomaba confianza y accedía al trato. Con esto, esa persona trasladaba a la víctima hasta la escribanía para los trámites.

Sin embargo, cuando la persona afectada tomaba posesión, en el caso de vehículos, estos eran incautados de su poder por contar con una orden de búsqueda y localización o eran buscados por estar denunciados como hurtados y, en el caso de los inmuebles, eran desalojados por los verdaderos dueños de estos.

La fiscala agregó que la esposa quedó detenida y también fue imputada porque según la teoría formulada “colabora de forma logística y tenía pleno conocimiento de las actividades que realizaba su esposo”, esto se funda en que de su habitación se incautaron 87 contratos que tenía a libre disposición.

Alquilaban lujosos domicilios y luego los vendían

En diciembre de 2015, habían sido detenidos Rubén Darío Zorilla y otros integrantes de una organización de estafadores, identificados como Blas Eduardo Ozuna González, Carlos Rubén Morel Vázquez, Milner David Zorrilla Coronel, con varios antecedentes por estafa y apropiación. Según las investigaciones, alquilaban lujosas residencias en la capital y luego fraguaban los títulos de propiedad en los que ellos aparecían como propietarios legales.

Una de las víctimas fue Hermes Lugo, quien pagó a los maleantes la suma de US$ 300.000 más diez vehículos por una propiedad del barrio Herrera de Asunción, que pertenecía real y legalmente a Mari Camila Bachem Cáceres. Meses antes de esta operación, los cuatro sujetos alquilaron el inmueble, luego falsificaron el título y lo ofertaron por US$ 500.000.

Posteriormente, Lugo contactó con la banda y tras negociar con ella concretó la compra y se instaló en la residencia, de donde fue desalojado en diciembre por la propietaria Mari Bachem.

Otra de sus víctimas en ese tiempo fue el político colorado Eugenio “Papi” Sanabria Cantero, a quien estafaron por US$ 1.200.000 con las supuestas ventas de fincas en el departamento Central.

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