Anoche, el fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, formuló acusación y solicitó juicio oral para los 14 acusados en la causa N° 161/2018, relacionada con una presunta “tragada” de G. 1.100 millones, entre 2011 y 2017, de los fondos de la Municipalidad de Quyquyhó.
El agente del Ministerio Público cumplió con el plazo previsto para la presentación, que concluyó a la medianoche de ayer, pese a las innumerables chicanas planteadas por los acusados.
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Las imputaciones son para:
- Manuel Olazar por administración en provecho propio en calidad de coautor y lavado de dinero como cómplice
- Patricia Corvalán por administración en provecho propio en calidad de cómplice y lavado de dinero como coautora
- Andrés Alfredo Arrúa Brítez por administración en provecho propio en calidad de cómplice y lavado de dinero como coautor
- Blanca Gloria Álvares Vda. de Samaniego por administración en provecho propio y lavado de dinero, ambos en calidad de cómplices
- Damián de Jesús Galarza por administración en provecho propio en calidad de cómplice
- Christian Daniel Domínguez por administración en provecho propio en calidad de cómplice
- Enrique Javier Lovera Lezcano por administración en provecho propio en calidad de cómplice y asociación criminal como coautor
- Guido Ramón Vargas Gaete por administración en provecho propio en calidad de cómplice y asociación criminal como coautor
- Carlos Aurelio Bareiro Bogarín por administración en provecho propio en calidad de cómplice y asociación criminal como coautor
- Ruth Mercedes Medina Yegros por administración en provecho propio en calidad de cómplice y asociación criminal como coautor
- Líder Catalino Ramírez Ramírez por administración en provecho propio en calidad de cómplice y asociación criminal como coautor
- Pedro Osvaldo Etienne Villanueva por administración en provecho propio en calidad de cómplice y asociación criminal como coautor
- Benigno Villasboa Cáceres por asociación criminal como coautor
- Óscar Samuel Fanego Otazú por asociación criminal como coautor
Chicanas por parte de procesados
La intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, recusó ayer a los fiscales intervinientes —Silvio Corbeta y el interino Jorge Arce— para evitar su declaración indagatoria y, de ese modo, dilatar el inicio oral.
En su escrito, la defensa de la intendenta expuso una supuesta falta de objetividad del fiscal en su investigación y toma como referencia la fijación de su declaración indagatoria un día hábil previo a la presentación del requerimiento conclusivo de acusación.
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Como argumento, la jefa comunal señaló que no le dieron tiempo para ejercer su defensa, al citarla para declaración indagatoria un día antes de la presentación del requerimiento conclusivo, es decir ayer, pero el fiscal realizó el pedido en ese periodo debido a innumerables chicanas planteadas por la defensa de la intendenta cartista.
La Fiscalía sospecha que Corvalán y su esposo, el diputado cartista Esteban Samaniego —quien también había sido imputado en el marco de la causa y cuyo pedido de desafuero no prosperó—, presuntamente utilizaron los fondos de la comuna para realizar un proyecto arquitectónico, demolición y posterior construcción de su residencia de dos plantas ubicada en Padre Juan María Casanello y Pampa Grande del barrio San Vicente de Asunción.
Fiscal Corbeta fue “re-recusado”
Manuel Olazar, otro de los procesados, también recusó ayer al fiscal interino Arce y, además, al ya recusado fiscal Corbeta.
El procesado argumentó que ello ocurrió porque recibió la notificación en su teléfono celular y que “ni siquiera tiene la última parte” de la misma, por lo que no pudo conocer en tiempo y forma todos los hechos y tipos penales.