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La Cámara de Diputados, en sesión ordinaria de ayer, culminó con el tratamiento en particular del proyecto de ley “que modifica y amplía varios artículos de la Ley Nº 5863/17, que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control y deroga la Ley Nº 6345/19″, con lo que, tras varias modificaciones, pasa el Senado para su segundo trámite constitucional.
El punto más controversial del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo (puntualmente por el Ministerio del Interior y el de Justicia) y asumido por diputados oficialistas, radicaba en el artículo 3º, ya que establecía como requisito excluyente para ser beneficiario con el régimen de monitoreo a través de tobilleras electrónicas, que el encausado pueda costear el servicio, que ni siquiera aún se tiene claro cuánto costará.
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No obstante, las comisiones de Asuntos Constitucionales, Equidad y Género, Asuntos Económicos y Financieros y otras coincidieron en evitar que se consume una discriminación hacia personas que no puedan pagar, y se modificó el proyecto a fin de que el Estado se haga cargo de personas insolventes.
La propuesta consensuada establece el cambio del título del artículo, que cambió de “destinatarios” a “Condiciones de aplicabilidad” y se agregaron los requisitos para la declaración de insolvencia y que el Estado se haga cargo del costo del equipo y el monitoreo.
En el citado artículo 3º se agregó un inciso que establece taxativamente que “para los que reúnan las condiciones de los usos de los dispositivos pero acrediten insolvencia con la presencia de dos testigos y en declaración jurada, podrán acceder los mismos con exoneración del pago del canon correspondiente”. Los que no logren acreditar la insolvencia deberán pagar.
Debate sobre quién pagará por las tobilleras electrónicas
El diputado Derlis Rodríguez (ANR, HC) fue proyectista de otra iniciativa que planteaba que el Estado se haga cargo del costo en todos los casos, pero finalmente acordó allanarse a la propuesta consensuada.
“Nos costaría para 10.000 personas aproximadamente US$ 24 millones, con una inversión inicial de 5 millones y US$ 61 dólares el monitoreo de cada uno mensualmente, lo que representa hoy menos de G. 600.000. ¿Por qué el Estado no tendría una gran erogación? Porque en los 12 meses ahorraría los 23 millones, porque tres veces menos nos costaría pagar una tobillera” que lo que gasta ya ahora el Estado en alimentación de unos 17.537 presos actualmente, por las cuales se gasta G. 2 millones mensual por cada uno.
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El presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Hugo Meza (ANR, FR) también advirtió que esto no debe tomarse como la solución definitiva y que esperan que “no sea una ventana más para una corrupción”, ya que da a la Policía información privilegiada en tiempo real sobre personas procesadas.