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Las mayoría oficialista imperante en Diputados dio ayer media sanción al proyecto de ley “que universaliza equitativamente la alimentación escolar (Hambre cero en nuestras escuelas y sistema educativo), que ahora pasa al Senado sin resolver la mayoría de los cuestionamientos planteados, no solo por legisladores opositores, sino también por organizaciones civiles y prestigiosas sociedades científicas.
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La líder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Rocío Abed, empezó defendiendo el proyecto calificándolo como “el buque insignia de este Gobierno” e intentó satanizar a los que criticaban la propuesta del Ejecutivo, cuestionando la “mezquindad, el egoísmo y la visión miope de algunos grupos que quieren poner trabas”.
Sin embargo, las críticas estaban muy bien fundadas y no solo por parte de los opositores, sino por una treintena de sociedades médicas, que reclamaban cuestiones tan básicas como incluir en el proyecto al órgano rector de la nutrición y alimentación, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).
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“La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), ¿cómo una ONG va a estar y no el Ministerio de Salud?”, reclamó la diputada Rocío Vallejo (Patria Querida), que además recordó los nefastos antecedentes de la organización que aglutina a intendentes del país, a la cual la propia Contraloría pidió excluir por no tener nada que ver.
La ley establece la creación Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae) que manejará los fondos del programa y la distribución de los recursos, órgano copado por representantes del Ejecutivo.
El diputado Rodrigo Blanco (PLRA, PL) mocionó en el estudio en particular cambiar a Opaci por Salud, pero la líder de bancada de HC (Abed) se opuso y su mayoría obedientemente acató.
“Quieren aprobar a como dé lugar un proyecto con un nombre muy pretencioso, que dice que acabaría con el hambre de los niños, pero elimina el desayuno y la merienda (escolar)”, cuestionó al diputada Johanna Ortega (País Solidario).
Esta hizo énfasis en que cuando el proyecto habla de “universalizar equitativamente”, no implica llegar a todos los alumnos, sino solo a los que “quieran” recibir los platos de almuerzo.
Igualmente, se confirmó la exclusión de la Gobernación de Central, liderada por el liberal Ricardo Estigarribia y la del gobernador colorado no cartista de Presidente Hayes, Bernardo Zárate, del manejo de los fondos, que son los únicos marginados a cambio de dar más poder al ministro de Desarrollo Social, Miguel Tadeo Rojas.
El diputado Diosnel Aguilera (PLRA, C) advirtió que según la redacción del proyecto, los excluidos ahora son estos dos no alineados, pero a futuro se pueden seguir usando los fondos como garrote contra los que no se alineen al Gobierno.
El único cambio admitido por el cartismo, fue incluir un artículos para dejar sentado por ley que el Gobierno deberá fijar fondos propios (Fuente 10) para financiar el programa Arancel Cero, que permite la gratuidad de la enseñanza en universidades públicas del país.
Advierten de posibles negociados
“Este proyecto está diseñado para hacer un negocio, crear grandes bolsas de dinero para destinarle a los amigotes”, advirtió el diputado Raúl Benítez (PEN). Reclamó que ni el gobierno tiene claro los montos de costos (varían entre US$ 300 a US$ 450 millones).
“Aquí lo que existe es hambre de poder y hambre de dinero”, acotó el diputado Antonio Buzarquis (PLRA).
El diputado Guillermo Rodríguez (Yo Creo) dijo que los cartistas tenían “400 millones de ‘razones patrióticas’ para llevar adelante esto, que va a ser administrado por quién hoy es tesorero de la ANR (el ministro Miguel Tadeo Rojas).