En conversación con ABC Cardinal este jueves, Rubén Peña, director de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, dijo que el sistema penitenciario paraguayo necesita la aprobación de la declaración de emergencia penitenciaria, que está pendiente de tratamiento en la Cámara de Senadores.
El proyecto debía ser tratado en la sesión extraordinaria que tuvo esta semana la Cámara Alta del Congreso, pero finalmente fue postergado.
El Ministerio de Justicia argumenta que la declaración de emergencia es necesaria para proveer apoyo legal para que personal de las Fuerzas Armadas pueda colaborar con el resguardo de los perímetros de las penitenciarías, además de permitir agilizar la contratación de nuevos guardias penitenciarios.
“Querríamos contar con esa ley hoy mismo”
Peña argumentó que ese último punto constituye algo “fundamental” para el proceso de planificación de la operación de los nuevos centros penitenciarios que aún no están funcionando al cien por ciento de sus capacidades, algo que requerirá la contratación de nuevo personal.
Las tres nuevas penitenciarías son las de Minga Guazú (que funciona a un 70 por ciento de su capacidad, según el Ministerio de Justicia), el Complejo Penitenciario de Itapúa (52 por ciento) y la penitenciaría “Martín Mendoza” de Emboscada (30 por ciento).
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La declaración de emergencia permitiría al Ministerio de Justicia contratar guardiacárceles por medio de un proceso “abreviado”, indicó.
“Querríamos contar con esa ley hoy mismo”, subrayó.
Además de permitir que militares custodien el exterior de las cárceles, la declaración de emergencia permitiría que personal de la Policía Nacional se sume a la custodia dentro de las prisiones.
La última declaración de emergencia penitenciaria hecha por el Gobierno caducó el pasado 31 de diciembre, sin que el Congreso impulsara a tiempo su renovación.