Ya pasaron 20 meses desde que la administración del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) presentó una denuncia penal por un escandaloso desvío de fondos, sin tener avances hasta la fecha.
En agosto del 2024, el Senave presentó una denuncia penal denunciando un perjuicio patrimonial de G. 1.947.624.208, apuntando como único responsable al exjefe del Departamento de Recaudaciones, José Rolando Fornerón Pagani.
Hasta la fecha, la agente fiscal Luz Guerrero, titular de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción N° 2 del Ministerio Público, sigue sin formular imputación, a pesar que la entidad pública presentó documentaciones técnicas y un Informe Final de Auditoría confirmando el perjuicio.
El caso fue presentado durante la gestión de su expresidente, Pastor Soria, quién actualmente se encuentra acusado por la Fiscalía por un caso de coima ajeno a este proceso.
Un esquema montado
Los informes técnicos y contables arrimados por el Senave a la Fiscalía exponen un modus operandi sistemático diseñado para evadir los ingresos genuinos del Estado, El fraude se ejecutaba a través de la vulneración del sistema de la Ventanilla Única del Importador (VUI), una plataforma electrónica interinstitucional que administra los trámites de importación.
Según detalla la auditoría, mediante el usuario informático habilitado a nombre de Fornerón Pagani, se alteraban maliciosamente los registros de pago de los importadores. Cuando un usuario abonaba por el servicio, el perfil del entonces jefe de recaudaciones actualizaba de forma manual el estado del trámite a la categoría “Pagado” en el sistema interno, permitiendo así que la carga pasara velozmente a la etapa de “Inspección”. Sin embargo, la maniobra delictiva consistía en no emitir ni asociar la factura legal correspondiente por el servicio efectivamente prestado. Al no generarse el comprobante electrónico de la institución, los millonarios fondos pagados por los importadores nunca ingresaban a las cuentas bancarias del Senave.
Bajo esta modalidad evasiva, las autoridades lograron rastrear un total de 1.953 liquidaciones irregulares y carentes de facturación, perpetradas de manera continua entre los ejercicios fiscales de 2020 y 2024. Pese a la contundencia de estos hallazgos documentales, que configuran en principio los graves delitos de lesión de confianza, apropiación y exacción, el Ministerio Público mantiene el caso congelado en el tiempo.
Sindicato teme que caso quede en “oparei”
Emilce Scarpellini, secretaria general del Sindicato de Funcionarios del Senave (Sifusenave), expresó la profunda preocupación de los trabajadores ante la inacción del Ministerio Público, temiendo que el caso termine en el tradicional “oparei”. Señaló que desde el gremio se presentaron en la Fiscalía, donde únicamente recibieron como respuesta del asistente fiscal que el caso sigue “en plena investigación”.
La dirigente advirtió que existe una red de protección institucional, asegurando que José Rolando Fornerón no actuó de manera aislada. “Esto es una cadena, no es solamente el jefe de recaudaciones que está metido”, afirmó, apuntando la responsabilidad hacia la cadena de jerarquía y directores de la Dirección de Finanzas.
Scarpellini cuestionó severamente que el ente se excuse en la investigación penal para no instruir un sumario contra los demás responsables, quienes simplemente pasaron a otras direcciones. Finalmente, calificó de indignante que el principal sospechoso se mantenga sin imputación y a disposición de gestión de personas, apuntando a que ahora incluso se busca “premiarlo”, permitiéndole el cobro de horas extras y adicionales por turnos de la tarde.
Inacción fiscal
El titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la entidad, Juan Lebrón, lamentó que el proceso en Fiscalía no tenga avances.
Lebrón explicó que esta inacción de la Fiscalía perjudica y paraliza la capacidad de sanción interna del Senave. Argumentó que la institución no puede concluir un sumario administrativo para destituir al funcionario investigado mientras no se cuente con resolución en el proceso penal.
“Estamos atados a lo que ellos resuelvan“, dijo.
Por otra parte, rechazó que tenga algún privilegio a nivel interno. Sobre reclamos por el posible cobro de “horas extras” por parte del denunciado, señaló que no se trata de ningún beneficio, sino de una necesidad operativa institucional.
Explicó que Fornerón fue apartado inmediatamente de cualquier labor que implique el manejo de dinero, pero que no pueden castigarlo ya que la ley obliga a que el empleado trabaje para justificar su salario. “Las horas extras no son un beneficio, se usan porque necesitamos más manos para trabajar”, dijo Lebrón.