El juez Rodrigo Estigarribia le otorgó la suspensión condicional del procedimiento a Azucena Bettina Amarilla, acusada por lesión de confianza por un presunto desfalco en la Municipalidad de Puerto Casado.
Según los datos de la investigación “se comprobó que cobró cheques por un total de G. 196.195.000, sin respaldo documental ni ejecución de obras”. Sin embargo, pese a que se comprobó y reconoció el delito solo pagará G. 40 millones como reparación del daño hecho a las arcas de la Municipalidad de Puerto Casado.
Azucena Bettina Amarilla, pese a que se embolsilló G. 196 millones solo pagará G.40.000.000 en 24 cómodas cuotas de G. 1.670.000 al Departamento de Búsqueda de Prófugos dependiente de la Dirección contra el Secuestro y el Terrorismo.
Además, el juez Estigarribia le ordenó que haga una mínima donación de G. 5 millones para la ayuda y fortalecimiento del sistema penitenciario.
“Sería absurdo y en contra de los principios de economía y celeridad procesal forzar la prosecución del proceso para llegar a igual resultado, pues si la pena no será superior a dos años y las circunstancias del caso permiten creer previsiblemente que es posible dejar en suspenso la ejecución de la condena; en este caso, no existen méritos jurídicos suficientes que permitan sostener razonablemente que no procede la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento”, justificó el juez Rodrigo Estigarribia en su resolución.
Para fiscal si “hubo obras”
La fiscal Teresilde Fernández, conocida por enviar al freezer varias denuncias sobre la gestión municipal de Puerto Casado, se allanó al pedido de la defensa de la empresaria, e incluso indicó que las obras no son “fantasmas” y que si se ejecutaron, pero “a costo menor”.
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En sus argumentos el juez indicó que la empresaria Amarilla reconoció no haber realizado ninguna obra para el Municipio; sin embargo, la fiscal Fernández señaló que sí se realizaron algunas obras, solo que no por el valor acordado, y de esa manera justificó el monto de la salida procesal.
En su testifical, Azucena Bettina Amarilla “desmintió haber realizado obras a favor de la Municipalidad de Puerto Casado, asimismo, manifestó no haber realizado ningún trabajo de fiscalización de obras”.
El proceso judicial forma parte de un presunto desvío de más de G. 487 millones durante la gestión de la intendente de Puerto Casado, Yudith Catalina Ferreira (ya fallecida), y en el cual habrían estado involucrados dueños de empresas y funcionarios municipales.
Amarilla era representante de la empresa Metal y Diseños, adjudicada para realizar obras en el acceso a la ciudad, que nunca se ejecutaron, pero que sí se cobraron.
Más intento de blanqueo
El juez Estigarribia sí se opuso al pedido de suspensión condicional del procedimiento para Jorge Cabrera Bogado y César Esteban Jara Matto, acusados de lesión de confianza por un perjuicio patrimonial de más de G. 487 millones en la Municipalidad de Puerto Casado.
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La fiscal Fernández, lamentablemente también se allanó al pedido realizado por las defensas en estos dos casos, ya que argumentó que no existió un perjuicio patrimonial por parte de ambos procesados, pese a que al principio de la audiencia se ratificó en su acusación.
Según la acusación, la Municipalidad de Puerto Casado formalizó contratos con Jorge Bogado, César Jara y Azucena Amarilla, en el año 2020, para trabajos en diferentes instituciones educativas, entre las que se cuentan las escuelas Machete Vaina, Juan de Ayolas y Riacho Mosquito, todas en humildes y marginadas comunidades indígenas.
Jorge Bogado también era proveedor de la Municipalidad de Puerto Casado, en la distribución de kits para almuerzo escolar durante la pandemia por el coronavirus. Bogado suscribió contratos por valor de G. 353.900.000.
La fiscal aseguró inicialmente que se constató que dichos kits nunca fueron proveídos a las escuelas beneficiarias, pero llamativamente ahora cambió de postura y antes que defender los intereses de los ciudadanos casadeños actuó más como abogada defensora de los procesados.
En cuanto a Sergio González, la fiscal sostuvo que era contratado por la comuna casadeña y que habría sido el encargado de cobrar los cheques que correspondían a otras personas, por lo que está imputado por lesión de confianza y asociación criminal.
Pese a estos antecedentes, la agente fiscal se allanó a los pedidos de las defensas de Bogado y Jara, quienes solicitaron la suspensión condicional del procedimiento ofreciendo míseras sumas como resarcimiento.
Cabrera ofreció una reparación social de G. 3.000.000 en un solo pago, mientras que Jara ofreció G. 38.599.070.
Sin embargo, el juez Estigarribia indicó en su resolución que existe incompatibilidad entre lo sostenido en la acusación y lo contestado al incidente en el caso de Bogado.
En cuanto a Jara, Estigarribia explicó que “la propuesta formulada por la defensa no comprende la reparación integral del supuesto perjuicio patrimonial atribuido al acusado”.
En ambos casos, dispuso la aplicación del trámite de oposición y la remisión a Fiscalía General para que dictamine si acusa o se ratifica en el pedido de la fiscal del caso.
El juez Estigarribia, asimismo resolvió elevar la causa a juicio oral y público en el caso de Sergio González. El juicio será por lesión de confianza y asociación criminal y se le impusieron medidas alternativas a la prisión preventiva.