La senadora Esperanza Martínez presentó un proyecto de declaración que insta al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a suspender los efectos de las resoluciones que aprobaron los polémicos materiales educativos sobre afectividad y sexualidad, así como su distribución y utilización en las instituciones educativas, hasta que se realice una revisión integral de sus contenidos.
La propuesta pretendía ser tratada sobre tablas durante la sesión ordinaria del Senado. Sin embargo, el punto ni siquiera fue incluido en el segundo llamado, en una jornada que finalmente quedó sin sesión por falta de cuórum.
El documento solicita suspender de manera inmediata los efectos de las resoluciones N.º 1580/2024, N.º 1782/2024, N.º 1880/2025 y N.º 228/2026, mediante las cuales se aprobaron los materiales de la colección “Educación de la Afectividad y la Sexualidad en la Escuela”, presentada por la Editorial Verus.
¿Por qué piden suspender los materiales educativos?
En la exposición de motivos, los proyectistas señalan presuntos errores científicos, contradicciones pedagógicas y contenidos que, a su criterio, requieren una revisión rigurosa por sus posibles efectos en la formación y protección de niños, niñas y adolescentes.
Entre los cuestionamientos mencionan afirmaciones sobre infecciones de transmisión sexual, anticoncepción y procesos biológicos, además de generalizaciones sobre las capacidades y conductas de hombres y mujeres.
También advierten sobre mensajes que podrían promover una obediencia indiscriminada o trasladar a las víctimas de acoso una responsabilidad excesiva para resolver esas situaciones. Según el proyecto, estos enfoques resultarían contradictorios con otras recomendaciones de los propios materiales sobre la necesidad de pedir ayuda y comunicar hechos de abuso.
La iniciativa sostiene que los contenidos educativos deben contar con respaldo científico, ser adecuados a cada etapa del desarrollo y mantener coherencia con la prevención de la violencia y la protección integral de la niñez y la adolescencia.
Los senadores fundamentan el pedido en los artículos 54, 73 y 74 de la Constitución Nacional, relativos a la protección de los derechos del niño, la educación integral y el acceso a los beneficios de la ciencia, entre otros principios.
Esperanza Martínez cuestiona el contenido y pide reeditar los libros
Martínez sostuvo que el cuestionamiento no debe limitarse al material relacionado con el nazismo, cuya retirada había sido mencionada públicamente por el ministro de Educación. A su criterio, corresponde revisar la colección completa.
“Yo creo que el material tiene que ser revisado”, manifestó la legisladora, al señalar que identificó contenidos que considera problemáticos en cuestiones relacionadas con los roles de hombres y mujeres, el machismo, la sexualidad y el conocimiento científico.
Como ejemplo, mencionó afirmaciones que vincularían las relaciones casuales antes del matrimonio con una predisposición al alcoholismo. La senadora dijo desconocer estudios científicos que respalden esa relación y cuestionó que se incluyan afirmaciones de esa naturaleza en materiales educativos.
También criticó los mensajes que, según su interpretación, podrían responsabilizar a las víctimas de acoso por la conducta de sus agresores. “Claro que hay que reeditar estos materiales, desde mi punto de vista”, expresó, al insistir en la necesidad de discutir y corregir los contenidos.
La parlamentaria cuestionó, además, el proceso de elaboración de los libros y planteó la necesidad de conocer quiénes participaron en su redacción y diseño.
¿Qué propone el proyecto presentado en el Senado?
El proyecto de declaración plantea suspender tanto la aprobación como la distribución y utilización de la colección en las instituciones educativas hasta que concluya una revisión integral.
Martínez pidió al ministro de Educación que, ante los cuestionamientos, disponga una pausa para revisar los materiales antes de continuar con su aplicación. Señaló que el proceso podría realizarse durante las vacaciones escolares, con el objetivo de que los contenidos sean revisados y corregidos antes de volver a ponerse a disposición de las instituciones educativas.
La senadora consideró que la controversia exige una respuesta institucional y no solamente el retiro de una página específica.