El Senado rechazaría hoy la iniciativa popular “Chau nepotismo”, apoyada por 60.000 personas, y la mayoría cartista aprobaría con modificaciones la versión con media sanción de la Cámara de Diputados, que trae casi nulos cambios, alcance o sanciones reales.
Sin duda, el Parlamento y la representación política han sido categorías muy conexas a través de la historia. Es en Inglaterra en donde germinó el Parlamento. A fines de la Edad Media comenzó a abrirse paso la idea de que el Parlamento encarna a todo el pueblo que contrapesaba y equilibraba los poderes del rey. Una vez superadas las pretensiones absolutistas con la victoria de los partidarios del constitucionalismo tradicional en las revoluciones inglesas del siglo XVII, la posición del monarca se debilitó y el Parlamento, fortalecido, pasaría ya a considerarse representante de todo el reino.
La mayoría oficialista (cartistas y sus satélites) en Cámara de Diputados, sin plantear una alternativa seria, rechazó y archivó el proyecto de ley que planteaba aumentar en 2% el impuesto selectivo al consumo (ISC) de tabaco para destinarlo a un fondo blindado para el tratamiento de enfermos oncológicos en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), que el propio oficialismo afectó para fondear la Ley Hambre Cero.
En nuestro país, nos hemos acostumbrado y naturalizamos que los fallos judiciales, especialmente los vinculados a controversias político-partidarias, se acomoden a los intereses del poder de turno.
En la acción de inconstitucionalidad promovida por la exlegisladora Kattya González (PEN) contra la arbitraria privación de su investidura ocurrida el 14 de febrero de este año, el Ministerio Público dictaminó ante la CSJ que el Senado había infringido la ley suprema al ignorar su propia Resolución N° 429/23 –aprobada por él mismo menos de dos meses antes– y, por ende, el Estado de derecho y el principio de legalidad. La fiscala adjunta Artemisa Marchuk también sostuvo, con toda razón, que se violó el derecho a la defensa de la afectada. El Congreso no puede hacer todo lo que se le antoje, empezando por violar sus propios reglamentos.
El Consejo de la Magistratura (CM), en una especie de cambio de lugares, eligió en forma unánime este lunes como presidente a Gerardo Bobadilla Frizzola, uno de los representantes del gremio de los abogados, mientras que como vicepresidente fue elegido Gustavo Miranda. De esta forma, el cartismo sigue imponiéndose y acaparando el poder en las principales instituciones.