El IPS ha venido apareciendo como una fortaleza inexpugnable frente a cualquier actuación de la Justicia ante la sarta de presuntos graves hechos de corrupción que se han venido denunciando en la institución desde hace varios años. Por eso, es plausible que el Ministerio Público haya abierto por fin una investigación con respecto a los gravísimos desmanejos en los que habría incurrido el Consejo de Administración, bajo la presidencia de Vicente Bataglia. Dicho órgano ejercía la dirección y la administración del IPS, de modo que todos sus integrantes deben dar cuenta de sus actuaciones en los hechos investigados. Si se han cometido delitos por acción u omisión, es necesario que los autores, cómplices y encubridores carguen con las responsabilidades penales y civiles.
Las “Cumbres de poderes” se han vuelto habituales desde hace varios Gobiernos, para dar la sensación del sumo interés gubernativo en abordar coordinadamente los asuntos públicos más relevantes, entre las que siempre ha figurado la corrupción rampante. El flamante presidente Santiago Peña ha continuado la tradición, y ya ha convocado a dos encuentros de la cúpula estatal, en poco menos de una semana. Entre otras cosas, se prevé la sanción de varias leyes que generen un impresionante “ecosistema de control”, cuya eficacia, cabe apuntar, dependería en gran medida de que las nuevas normativas tengan vigencia efectiva. El problema no radica tanto en la legislación, como en la inoperancia y en la podredumbre de quienes deben cumplirla y hacerla cumplir.
Los subsidios estatales suelen prestarse a múltiples corruptelas. Valga como ejemplos del perverso asistencialismo algunos programas sociales en vigencia. Han sido frecuentes en ellos las denuncias de que los fondos terminan en manos de personas que no deberían recibirlos, por tener suficientes recursos económicos. El escándalo más reciente al respecto estalló en Luque y tuvo como protagonista a la conocida como “hurrera” colorada María Lidia Orué de Santander, la elegante conductora de una camioneta y dueña de al menos una casa con ventanas de blíndex y salón comercial anexo, elegida para una pensión alimentaria de 572.000 guaraníes mensuales, porque sería pobre.
La Comisión de Asuntos Constitucional de Diputados sugirió modificaciones a un proyecto pendiente desde 2020 que plantea inhabilitar por hasta 20 años ocupar cargos públicos a políticos condenados por corrupción. Esto, sin embargo, no impedirá casos nuevos que se ventilan con dos senadores electos.
AYOLAS. Un joven de Ayolas está cansado de las viejas costumbres proselitistas que llevan adelante políticos para conseguir de la población votos que les permita llegar al cargo electivo para el cual se postulan.
BRASILIA. Brasil encara a partir de hoy un año electoral repleto de incertidumbre después de las sucesivas crisis que han hecho tambalear la política brasileña, acorralada por un gigante escándalo de corrupción que puede pasar factura a los partidos.