El Senado tratará mañana un infeliz proyecto de ley, ya aprobado por la Cámara Baja, que a iniciativa del diputado Yamil Esgaib (ANR, cartista) amplía el art. 67 del Código Penal, con lo que se favorecerá la corrupción, disponiendo que cuando el hecho punible haya infligido un daño patrimonial al Estado, el marco penal aplicable puede atenuarse hasta el 50% de la pena, si el autor o partícipe repara el perjuicio voluntariamente. La circunstancia de que la notable atenuación sería improcedente cuando la víctima fuera un particular, en violación del principio de igualdad ante las leyes, muestra que el propósito de este engendro legislativo es beneficiar, sobre todo, a quienes desde el aparato estatal se apropian del dinero de los contribuyentes.
En los últimos ocho meses, casualmente con el regreso del cartismo al poder el 15 de agosto, una avalancha de políticos de Honor Colorado y fiscales “amigos” a este sector fueron “perdonados”. Resulta sospechosa la coordinación entre Fiscalía, algunos jueces y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a cargo de Alicia Pucheta, designada por el Gobierno de Santiago Peña. En cambio, imputaron a varios opositores al cartismo.
Los tres poderes del Estado están vigentes, hay elecciones periódicamente y hay libertad de prensa. ¿Por qué entonces muchos dicen que no hay democracia ahora en Paraguay? Más aún, analistas y dirigentes políticos de oposición afirman que estamos ya en una dictadura.
Poca duda cabe de que el Instituto de Previsión Social “se cae a pedazos”, tal como lo calificó la senadora y exministra de Salud Esperanza Martínez, pero es un error creer que ello se debe exclusivamente a la corrupción y a la mala administración, aunque ambas no solamente son graves y crónicas, sino que han persistido a lo largo de todos los gobiernos desde su misma fundación, incluyendo al del signo político de la senadora Martínez. Es evidente que en el IPS hay mucha corrupción, tanto interna como en colusión con el sector privado y con la clase política, así como ineficiencia y despilfarro con la plata de los aportantes, pero, al margen de ello, el problema es más profundo y de orden financiero, y tiene que ver con el simple hecho de que las recaudaciones no alcanzan para cubrir todos los servicios que el instituto está obligado a prestar.
Los 22.000 pobladores del Alto Paraguay sufren desde siempre la desgracia de ser marginados por los sucesivos Gobiernos nacionales y de ser saqueados por los departamentales. Soportan sus padecimientos ante la indiferencia de unos y la codicia de otros, sin que haya visos de que alguna vez se vayan a tomar medidas de fondo que apunten a liberarlos de la incomunicación, de las carencias sanitarias y educativas o hasta de la falta de alimentos. Son como unos parias abandonados a la mano de Dios, salvo cuando surge una emergencia extrema, inocultable, que obliga a una reacción que solo servirá para paliar daños: luego, todo volverá a la “normalidad”, es decir, a las penurias cotidianas desapercibidas por las autoridades.
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sigue improvisando con la educación de nuestra gente. Desde el 2020 se implementó la doble escolaridad en algunas instituciones educativas y, hoy día, es un rotundo fracaso, por la desidia e incapacidad de las autoridades de la referida cartera de Estado.