CORRUPCIÓN

En una jugada prevista, Itaipú Binacional intenta desvincular a Gerardo Soria, detractor de Horacio Cartes dentro del Partido Colorado; sin embargo, el apresuramiento y la prepotencia de quienes quieren quedar bien con el patrón les hizo caer en errores que hoy pagamos todos con los reveses judiciales contra Itaipú.

Tan cargada estuvo la semana con las noticias vinculadas al crimen organizado y su impacto en el país que un debate que hubiese sido también fundamental quedó relegado a un segundo plano.

El juez Humberto Otazú otorgó libertad ambulatoria al intendente del distrito itapuense Jesús de Tavarangüé, Víctor Garay (ANR), imputado por lesión de confianza debido a presunto daño patrimonial de más de G. 800 millones a la comuna. Además, tiene prohibido ingresar a la municipalidad y está obligado a pagar una fianza personal de G. 300 millones.

Es de sobra conocido que los pobladores del Alto Paraguay están librados a su suerte, aunque gocen de igual derecho que los de otras zonas del país. Los servicios son muy limitados en todo el país, pero no tanto como en el paupérrimo extremo norte, donde son enormes las carencias de diverso orden debido a la indiferencia, la desidia y la corruptela de los sucesivos Gobiernos nacionales y departamentales. El drama sanitario, así como el de la falta de caminos, son los que golpean con mayor fuerza a los pobladores, situación que choca fuertemente con la del “otro Paraguay”, el de los políticos, legisladores, altos funcionarios y “nepobabies”.

El Senado tratará mañana un infeliz proyecto de ley, ya aprobado por la Cámara Baja, que a iniciativa del diputado Yamil Esgaib (ANR, cartista) amplía el art. 67 del Código Penal, con lo que se favorecerá la corrupción, disponiendo que cuando el hecho punible haya infligido un daño patrimonial al Estado, el marco penal aplicable puede atenuarse hasta el 50% de la pena, si el autor o partícipe repara el perjuicio voluntariamente. La circunstancia de que la notable atenuación sería improcedente cuando la víctima fuera un particular, en violación del principio de igualdad ante las leyes, muestra que el propósito de este engendro legislativo es beneficiar, sobre todo, a quienes desde el aparato estatal se apropian del dinero de los contribuyentes.