El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás fijó para el lunes 18 de abril la audiencia preliminar del ex intendente de Concepción Alejandro “Tati” Urbieta (PLRA), acusado junto a otras tres personas por un supuesto desvío de G. 1.596 millones del municipio norteño.
El Ministerio Público obtuvo una condena de 4 años de prisión para el exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, y otras tres personas involucradas en el hecho punible de lesión de confianza por el desvío de más de G. 266 millones, que luego derivó en el derrumbe de aulas del Colegio Nacional de Lambaré, por deficiencias en la construcción.
El Ministerio Publico solicitó a la Cámara de Apelaciones que revoque la exigua pena privativa de libertad de solamente 2 años que un tribunal de sentencia le impuso al exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, quien fue hallado responsable del desvío de casi G. 6.000 millones. La Fiscalía asimismo, solicita que se realice un nuevo juicio oral para que se establezca la pena adecuada al caso.
Con sucesivos recursos planteados, la defensa del Roberto Cárdenas, exintendente de Lambaré, dilata la realización de los juicios que pesan en su contra. Los fiscales a cargo de las causas aseguran que dichas “chicanas” son infundadas y tienen como único fin enlentecer los procesos. Son cinco causas las que con numerosos incidentes van retrasando constantemente, aseguraron.
El abogado Federico Alderete (PLRA), exintendente de Villarrica, opinó que no sabe hasta qué punto el voto preferencial mejorará la honestidad de candidatos y la transparencia en las próximas internas, pues finalmente solo ingresará “el que tiene plata, porque tiene que mantener a sus punteros”. Sostuvo que mientras el voto no sea obligatorio, no habrá una solución para la corrupción y la repartija de tajadas.
Día a día se reportan denuncias de familiares de pacientes encamados que se habían registrado a inicios de abril de este año para recibir la vacunación antiCOVID en sus domicilios, sin recibir hasta ahora la visita de los vacunadores. Este no fue el caso del exintendente de San Juan Bautista del Ñeembucú, de 61 años de edad, quien tiene arresto domiciliario en la causa que afronta por un presunto daño patrimonial de casi G. 1.300 millones durante su gestión.