27 de abril de 2026

Siete asociaciones y cooperativas de mineros ubicados en Vallemí iniciaron este lunes una manifestación en la que piden la destitución inmediata del presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC), Gerardo Guerrero Agusti, por supuestas irregularidades en la adjudicación de canteras. Además, solicitan que la cementera estatal firme un contrato por cinco años con los mineros, quienes desde hace más de un año no trabajan, según denunciaron.

El presidente Santiago Peña destacó el “posicionamiento” de las marcas de cañas de la estatal Capasa en su informe de gestión, así como la “labor” de la INC en la provisión continua de cemento. Sin embargo, evitó mencionar las millonarias pérdidas que ambas empresas públicas siguen arrastrando.
Es increíble que en un país con tantas necesidades se tenga que seguir sosteniendo a varias empresas públicas deudoras crónicas, que históricamente han nadado en la corrupción, plagadas de personal supernumerario, insumiendo millonarios recursos que bien pueden destinarse a áreas prioritarias como salud, educación, caminos de todo tiempo, entre otras. No existe una explicación razonable para esta lamentable situación. El año pasado, cuatro de las nueve hoy existentes –Copaco, Petropar, INC y Capasa– habían acumulado resultados negativos por valor de 1,3 billones de guaraníes (167 millones de dólares), generados a lo largo de varias administraciones. En suma, las empresas públicas crónicamente deficitarias son verdaderos lastres, que deben ser arrojados por la borda cuanto antes, mediante la privatización o el cierre liso y llano. Son un peso muerto sobre las espaldas de Juan Pueblo.

Cuatro de las principales empresas públicas del país —Copaco, Petropar, INC y Capasa— cerraron el 2024 con resultados negativos acumulados por más de US$ 167 millones. Las pérdidas, arrastradas desde varias administraciones, reflejan una gestión deficitaria sostenida, marcada por deudas crecientes, ingresos insuficientes y compras cuestionadas en estas compañías “de todos los paraguayos”.

Mientras trabajadores denuncian fallas técnicas y millonarias pérdidas, la INC intenta silenciar las críticas internas con una circular que advierte sanciones por divulgar información. La estatal arrastra una deuda millonaria y atraviesa una profunda crisis operativa, pero su titular no da explicaciones.

La INC, presidida por Gerardo Guerrero Agustí, registró una pérdida de G. 81.804 millones durante el ejercicio 2024, según el balance de la compañía. Con esta cifra, el déficit acumulado de la cementera asciende a G. 354.330 millones. Titular de la empresa pública se niega a brindar explicaciones de esta situación a la ciudadanía.