El exintendente de Jesús de Tavarangue Hernán Adolar Schlender (ANR) recusó al Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel y así volvió a suspender el inicio del juicio oral y público por presunto lavado de dinero y lesión de confianza.
Pobladores del distrito de Jesús de Tavarangüé ampliaron una denuncia presentada el pasado lunes, cuando montaron una carpa de manifestación que fue hurtada al mediodía. Según filmaciones, los propios funcionarios municipales habrían violentado el lugar.
Un grupo de manifestantes volvió a protestar desde esta mañana frente a la municipalidad en contra del intendente Víctor Garay Olmedo (ANR-FR). Expresaron su preocupación ante la posibilidad de que se aprueben desembolsos de recursos destinados a localidades con patrimonios culturales. Por su parte, el abogado del intendente afirmó que solo interpondrán acciones de amparo si los manifestantes impiden el acceso de contribuyentes al municipio.
Pobladores del distrito de Jesús de Tavarangüé vuelven a manifestarse frente a la municipalidad en contra de la administración del intendente colorado Víctor Garay (ANR-FR), imputado por lesión de confianza y producción mediata de documentos no auténticos. Los pobladores no quieren dejar ingresar al palacete al jefe comunal y amenazan con encadenarse frente al Congreso si no responden a sus reclamos.
El intendente del distrito itapuense de Jesús de Tavarangüé, Víctor Garay Olmedo (ANR-FR), denunció a la exintendenta interina, Idilia Peralta Schlender (ANR-FR), por el supuesto hecho de apropiación y lesión de confianza, que habría causado un presunto daño patrimonial a la comuna de G. 121.503.418. Garay es actualmente investigado por lesión de confianza en la ejecución de los ejercicios fiscales 2021-2022 y por dos casos de posible producción mediata de documentos de contenido no auténtico.
Tres intendentes colorados no entregaron sus rediciones de cuentas del dinero que recibieron del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) durante este primer semestre. según la Contraloría General de la República (CGR). En tanto que 22 jefes comunales lo hicieron fuera del plazo establecido por ley, de acuerdo al último informe del ente de control.