24 de octubre de 2026
BOGOTÁ. La libertad de prensa y la inteligencia artificial (IA) son los temas que centran la edición 82 de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que comenzó este jueves en Bogotá reivindicando un “periodismo fuerte y pluralista” en la región.


La Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc) y Observacom lanzaron “Defiende Tu Voz en Internet”, servicio de alcance regional de apoyo y orientación dirigido a periodistas y otros trabajadores de medios que enfrenten restricciones a su libertad de expresión derivadas de decisiones de las plataformas digitales.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe ahora hacer cumplir lo que dicta la ley suprema de la República del Paraguay, y resolver sobre el pedido de la Editorial Azeta SA de inaplicabilidad del fallo a través del cual magistrados de Ciudad del Este impusieron censura a la prensa, en un juicio de habeas data. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tomó conocimiento del caso.

Un Tribunal de Apelación en lo Laboral de Alto Paraná confirmó la aberrante SD N° 104 de la jueza Nélida Alvarenga, que ordena la eliminación de publicaciones periodísticas sobre el empresario esteño Estanislao Pereira de Oliveira, luego de que este planteara un habeas data para ello, atentando contra derechos constitucionales.

Un Tribunal de Apelación en lo Laboral de Alto Paraná debe resolver si confirma o no la sentencia mediante la cual la jueza Nélida Alvarenga ordenó la eliminación de publicaciones periodísticas basadas en casos verídicos. El fallo fue apelado por ABC Color, uno de los cuatro medios de comunicación afectados por la contradictoria decisión, calificada de grave por nuestros representantes.

La Sentencia Definitiva N.º 104/2026 de Nélida Alvarenga adopta una interpretación del hábeas data que choca con criterios reiterados de tribunales paraguayos, incluido un precedente de la propia Cámara de Alto Paraná. La magistrada ordenó la supresión definitiva de archivos periodísticos aún después de admitir que varias publicaciones se apoyaban en investigaciones y causas judiciales reales.