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El pasado 26 de septiembre el Ministerio Público presentó pedido de acusación contra el exgobernador del departamento Central Hugo Javier González Alegre (colorado cartista) y otros 32 procesados, todos sospechosos de crear un esquema delictivo para embolsarse G. 18.300 millones de los fondos de la institución. Ese dinero transferido desde marzo del año 2019 hasta diciembre de 2020 a diferentes organizaciones “sin fines de lucro” debió ser invertido en salud, educación, vialidad, seguridad, agricultura, artesanía; en fin, para mejorar la calidad de vida de los centralinos.

Nos hemos acostumbrado en nuestro país a dar por sentado que cuanto disparate sea afirmado por organizaciones no gubernamentales (ONG) globalistas es una suerte de “palabra de Dios” que tenemos que aceptar como verdad revelada, dogmática e indiscutible, como un artículo de fe.

El recurso habitual para prevenir la corrupción, que consiste en acentuar los controles internos aumentando los trámites administrativos, puede tener el efecto no querido de fomentar el soborno para que ellos concluyan con rapidez. Un remedio más radical –aplicado en nuestro país desde hace un par de décadas– es el de “tercerizar” la ejecución presupuestaria, recurriendo a las organizaciones no gubernamentales (ONG) o sin fines de lucro: hasta hoy, los resultados son decepcionantes, dados los contubernios entre ladrones de los sectores público y privado, incluso con la participación de prestanombres. Para concluir que el modelo está resultando inútil, basta con recordar los pozos de agua abiertos por encargo del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y las malversaciones cometidas en el departamento Central, entre otros, durante la emergencia sanitaria.

La Itaipú Binacional ya desembolsó el 80% de los fondos a la Agencia de Desarrollo e Integración de la Región de Itaipú (Adiri), pese a que gran parte de las obras encaradas aún no concluyeron. La ONG recibió más de G. 18.165 millones de los 22.407 millones de guaraníes previstos en el acuerdo en un escaso periodo de 5 meses.

La Itaipú informó ayer que el funcionario Tito Livio Ramírez fue apartado de su cargo de jefe de Departamento de Embalse y Áreas Protegidas de la entidad. La decisión se da luego de conocerse que el mismo es accionista de la empresa encargada de la perforación de pozos financiados por la binacional.