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Cuando la corrupción se halla muy arraigada, los modelos administrativos que se aplican para evitarla a veces pueden tener el efecto contrario. La idea de “tercerizar” la ejecución presupuestaria a través de las ONG o sin fines de lucro, ha generado en este país una alianza público-privada entre sinvergüenzas de ambos sectores, incluso con la intervención de simples testaferros de los instalados en el aparato estatal. El Congreso sancionó una ley que incluye fondos transferidos a las gobernaciones entre “aportes a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro”, con lo que se volverían a facilitar escandalosas malversaciones.