Jorge Bogarín Alfonso, declarado “significativamente corrupto” por Estados Unidos, presentó un meteórico crecimiento patrimonial desde su incursión en la función pública. En siete años, tuvo un crecimiento de 394 veces su capital inicial, es decir, pasó de G. 3 millones a más de G. 1.497millones.
Es deplorable tener que subrayar, una y otra vez, que los bienes públicos no deben estar a disposición particular de las autoridades de turno o de las agrupaciones que ellas integran. Empero, resulta necesario incurrir en dicha obviedad, porque quienes ejercen algún poder en el Estado, en una Gobernación o en una Municipalidad siguen creyendo que es natural usar el patrimonio de todos en beneficio propio o de una organización política. Una buena muestra de esta práctica bastarda acaba de ofrecerla el intendente de Colonia Independencia, José Resquín (ANR, abdista), al organizar un mitin en el salón auditorio de la Municipalidad, donde resaltaba el eslogan “En Independencia somos Fuerza Republicana”.
Esta capital departamental tiene un patrimonio intangible que la hace sumamente atractiva, no solamente como destino turístico, sino como una ciudad donde la gente quiere venir a vivir, a quedarse. Es la urbe de frontera más tranquila y segura del país.
Con el solo objeto de mostrar lo que se puede hacer para hermosear un lugar, un inversionista europeo refaccionó una casa del microcentro asunceno respetando el patrimonio y conservando la mayor parte de los materiales originales que pudo salvar.
El tipo legal de “promoción fraudulenta de inversiones” ha sido adecuado a las realidades del régimen económico y conforme a las diversas relaciones financieras dentro de acciones bursátiles. Asimismo, los lineamientos estratégicos del estado paraguayo en la lucha contra el lavado de activos dan cuenta de su importancia en materia de control efectivo ante todo (actual) riesgo de mercado.
La Junta Municipal de Asunción aprobó hoy sobre tablas la decisión de encomendar a la Intendencia de la capital, a cargo de Óscar “Nenecho” Rodríguez, la intención de que el edificio conocido como el ex-Molino San Luis, sea declarado como patrimonio histórico y también sea considerado como un sitio de interés, evitando así su derrumbe.