Como cuarto punto del orden del día de la sesión ordinaria de Diputados, fijada para mañana a las 9:00, figura el proyecto de ley de cuestionada legitimidad constitucional, que pretende equiparar la figura del Defensor General (titular del Ministerio de la Defensa Pública) con el Fiscal General del Estado, a fin de que –entre otras cosas– este sea designado por el Presidente de la República, en este caso Santiago Peña, y ya no por la Corte Suprema de Justicia como hasta ahora.
En uno de sus tantos retrocesos, el presidente Santiago Peña anunció a los intendentes que, “para reivindicar la descentralización en toda la República”, en breve presentará al Congreso un “proyecto” para pedir “en conjunto” la modificación de la norma constitucional que habla de las transferencias del impuesto inmobiliario, para que las municipalidades se queden con todo lo recaudado en tal concepto. Lo antedicho significa que la iniciativa requerirá una enmienda constitucional. De inmediato emergieron reacciones que apuntan a sospechar que, tras la propuesta de modificar la Constitución, están intereses que van mucho más allá de beneficiar a las municipalidades, sino incursionar en un terreno en el que priman intereses políticos que buscan la reelección presidencial.
Varias organizaciones de becarios se pronunciaron preocupadas debido a la propuesta del Poder Ejecutivo del proyecto de ley “Hambre cero” y que desfinancie los programas de becas que benefician a miles de jóvenes de todo el país.
Santiago Peña nombró vía decreto a Paula Carro como vocera de la Presidencia de la República y le otorgó “el rango y los honores” de los ministros del Poder Ejecutivo. El cargo fue creado apenas la semana pasada e inicialmente se indicaba que solo iba a ser contratada por el Mitic.
Con sigilo, el Ejecutivo presentaría hoy la modificación de la Ley de Fonacide para que el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo del cartista Tadeo Rojas, administre el dinero del almuerzo escolar. Es decir, busca dejar sin ese rubro a municipalidades y algunas gobernaciones, que serían Central y Pdte. Hayes.
Santiago Peña promulgó obligadamente la ley que aprueba una ampliación de más de G. 5.550 millones para la Corte Suprema de Justicia, a fin de destinarlos a subirles el sueldo a 827 actuarios judiciales. El Ejecutivo vetó este aumento en noviembre pasado por inviabilidad presupuestaria, pero el Congreso rechazó la objeción presidencial.