19 de abril de 2026

El último paro de buses volvió a poner en evidencia un sistema que arrastra problemas estructurales, justo cuando se acerca una definición muy importante para el futuro del transporte público metropolitano: la reforma. A continuación, presentamos íntegramente el análisis de la Asociación Horizonte Positivo.

Tras el traumático paro de buses, el Gobierno desembolsó casi US$ 7 millones a los transportistas, pero el servicio sigue colapsado y los usuarios no recibieron compensación alguna por las pérdidas sufridas por la medida. Además, se postergó la aplicación de los controles y sanciones que debían frenar las “reguladas” en el sistema.

El clasificador presupuestario del PGN define al grupo 878 “Aportes o subsidios al transporte público” como recursos para transporte público destinados a inversiones para mejorar el servicio o infraestructura. La categoría tiene implicancias económicas directas, tanto en el presupuesto público como en la estructura de costos de las familias, sin mejoras significativas en el servicio prestado. El análisis de la evolución de estos aportes muestra una tendencia marcada al alza en la última década. De 2013 a 2026, el total acumulado asciende a G. 1,911 billones, o más de US$ 300 millones al tipo de cambio promedio del periodo en análisis.

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, aseguró que la reglamentación de la nueva ley de reforma del sistema no pasará de abril y que el Gobierno apunta a iniciar la primera licitación de uno de los corredores durante el segundo semestre de este año. Reconoció que el proceso “no es tan fácil”, pero afirmó que el plan avanza y “no se va a detener”.

La Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) denunció que la paralización del transporte público perjudicó a trabajadores y comercios y cuestionó la lentitud de las autoridades para actuar ante problemas recurrentes, como los aumentos de los precios de combustibles y la falta de planificación del transporte público.

La Federación de Trabajadores del Transporte (FETRAT) responsabilizó al viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, y a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, por la suspensión del servicio de transporte público el sábado último, 28 de marzo, que afectó a usuarios, trabajadores y empleadores. La organización pidió la renuncia inmediata de ambos por daños a la ciudadanía.