El titular del Ministerio de Urbanismo, Viviendo y Habitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, resaltó el papel de los fiscalizadores para garantizar la calidad de las viviendas del programa “Che Róga Porã”. Fue ayer, en estudios de ABC Cardinal, tras las críticas a las desarrolladoras habilitadas por la cartera, que tienen negro historial y vínculos políticos.

Subrayó que durante la ejecución del programa, las fiscalizadoras serán elegidas por los bancos, de entre las firmas habilitadas por el MUVH, y que esos informes de “profesionales” serán el certificado de calidad para las entidades financieras. Es que los particulares deberán elegir el proyecto de su agrado en la web de Che Roga Pora y luego recurrirán a una Institución Financiera Intermediaria (IFI) para que se les apruebe el crédito, financiado con recursos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

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“Si una persona por alguna razón no puede seguir pagando su cuota, el banco recupera la vivienda y para revender, exhibe el informe de calidad firmado por el fiscalizador”, argumentó.

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Mencionó que ya no está abierta la inscripción para fiscalizadores y anunció que en las próximas semanas, los que fueron habilitados serán capacitados sobre el sistema de trabajo.

Hasta el momento se habilitaron a 72 fiscalizadores, según el portal del programa, entre los cuales ya van saltando antecedentes negativos (al igual que el negro historial de algunas de las desarrolladoras habilitadas).

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¿Un “fiscalizador” publicista?

ABC encontró, por ejemplo, que José Félix Bogado Arzamendia fue doblemente habilitado, primero vía Resolución N° 2942, del 22 de diciembre de 2023, y luego con la Resolución N° 175 del 5 de febrero del 2024.

Bogado figura como representante legal de “Antares Audiovisual” y se ubica en Rodríguez de Francia 875 casi Parapiti, según consta en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), pues está inscripto como proveedor estatal. En esa dirección funciona una farmacia y al verificar el rubro declarado, aparece el de la publicidad, ilustración y fotografía.

Nuestro diario contactó ayer al teléfono de la compañía donde efectivamente confirmaron que es una publicitaria. Pero Bogado alegó que es arquitecto, “trabajador independiente”, y que declaró la dirección de su residencia paterna, donde se encuentra la farmacia.

Agregó que es fiscalizador de obras del Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis), otro programa del MUVH, contratado por María Mercedes Enriquez. Se intentó conocer más sobre su experiencia en Fonavis pero Bogado se mostró molesto por nuestra llamada y pidió que se le contacte en horario de oficina.

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Según Baruja, se hizo un análisis previo para la aprobación de los profesionales pero acotó que se podría hacer una nueva inspección.

Fiscalizador deficiente, según CGR

Otro fiscalizador es Abdon Cáceres, quien figura en un reporte de Contraloría General de la República (CGR) de 2016 sobre indicios de hechos punibles contra el patrimonio.

El ente verificó obras encargadas por la Municipalidad de Gral. Resquín, con recursos del Fonacide, y halló diferencias entre las obras certificadas y las realmente ejecutadas.

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“La deficiente fiscalización de obras ha permitido el incumplimiento de especificaciones técnicas”, se lee. Añade que la deficiencia derivó en pagos por montos mayores a los que correspondían a los rubros.

Fiscalizadora estuvo en ONG investigada por Ministerio Público

Marta Concepción Elizabeth Vargas Giménez es otra fiscalizadora habilitada por el MUVH para certificar viviendas del programa Che Róga Porã. Figura en los registros de la cartera, en el organismo Tekove Acción Social, salpicado en denuncias fiscales de hechos de corrupción.

La firma figura había sido habilitada por el MUVH para el “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)”, según la Resolución N° 979/17, que tiene la tarea de postular a gente de escasos recursos, principalmente, para que reciba su casa propia subsidiada por el Estado, vía programa Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis). No se halló renovación de sus prestaciones para esta institución.

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Incluso, el MUVH denunció a Tekove por falsificación de firmas de postulantes a viviendas sociales del Fonavis, en marzo de 2021, bajo la administración Carlos Pereira.

Además, en noviembre de ese año, la fiscala Natalia Fúster allanó su oficina -una pieza con nueve biblioratos-, en Limpio, en la investigación de “obras fantasmas” de la Gobernación de Central. Cobró G. 5.185 millones durante la gestión del exgobernador Hugo Javier González y no se hallaron documentos que respalden construcciones, según se informó.

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