Juan Carlos Baruja, ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), se escudó en la “presunción de inocencia” y el “derecho al trabajo” para justificar la presencia de la empresa Vial Sur, que tiene como directivo a Carlos Muñoz Armas, pareja de la actual ministra vocera del Gobierno, Paula Carro, entre las desarrolladoras inmobiliarias que podrán operar para construir viviendas en el programa “Che Róga Porã”.

“Esta habilitación lo que les permite es la posibilidad de que ellos puedan presentar sus proyectos de desarrollo inmobiliario, que también van a pasar por un filtro de análisis en cuanto a sus especificaciones técnicas y su proximidad a los servicios”, indicó.

Baruja dijo que consultó con el director de Contrataciones Públicas, con quien coincidió en hablar del “derecho al trabajo” y la “presunción de inocencia” para este caso. “Mientras nosotros no tengamos una constancia de un fallo judicial o la inhabilitación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), no podemos negar la posibilidad de que esa empresa esté dentro de nuestro registro”, remarcó.

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Insistió en que el programa contemplará varios mecanismos de seguridad como que cada emprendimiento contará con fiscales que certifiquen la ejecución correcta, además de un seguro ante la posibilidad de cualquier tipo de inconveniente en la ejecución.

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Bancos controlarán ejecución

Baruja señaló que, según el reglamento del programa, el fiscal que supervisará las obras no podrá dar orden de pago mientras esa obra no cumpla con las condiciones técnicas requeridas.

“Estos recursos van a ir a un fideicomiso, los bancos son los que van a habilitarle a un ciudadano si cumple o no con las condiciones para acceder al crédito. Son los bancos los que van a seleccionar a los fiscales, porque son ellos los más interesados, porque –finalmente– ellos van a quedar con la cuenta durante 30 años”, explicó.

Agregó que en caso de que los bancos acepten obras de mala calidad, no tendrán la posibilidad de revender esa vivienda a un precio razonable, generándole pérdida a la entidad bancaria.

Explicó, además, que por este mismo motivo, además de la generación de empleo, es que decidieron que el programa sea de construcción de viviendas y no de compra de viviendas ya construidas.

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Vocera niega que exista conflicto de interés

La empresa Vial Sur se dedica al rubro de la construcción y según datos que figuran en Contrataciones Públicas, ganó algunas licitaciones. En el 2019, se quedó con una de G. 2.933 millones para la construcción y mantenimiento de suelo, enripiado, caminos vecinales y demás, en varios puntos del país.

En contacto con ABC Color, Carro señaló días atrás que no existe conflicto de interés en este caso, ya que afirma que no es directiva de la empresa. Según Carro, Vial Sur fue habilitada por el MUVH en diciembre de 2023, cuando ella todavía estaba en el sector privado, ya que recién asumió su cargo como vocera del gobierno de Santiago Peña en enero de 2024.