che roga pora

El gobierno del presidente Santiago Peña divulgó recientemente avances del emprendimiento Che Róga Porã, programa emblemático de este Gobierno de casas para gente de la clase media. Se trata de los primeros resultados del proceso de articulación con el sector privado, que tiene por objetivo disminuir el déficit habitacional.

Suman y siguen los indicios de negociado y debilidades del programa “Che Róga Porã”. Entre los fiscalizadores se encuentran un “verificador” que declaró sede en una farmacia y que tiene una publicitaria, una ONG salpicada por el escándalo de obras fantasmas del exgobernador Hugo Javier, así como una firma que hizo la “vista gorda” en construcciones del Fonacide.

El ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, se escudó en la presunción de inocencia y el derecho al trabajo tras la revelación de los vínculos entre la pareja de la vocera presidencial y la firma habilitada para participar del proyecto “Che Róga Porã”.

Uno de los principios por los que se rige la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas es el de “integridad y buena fe”, lo que significa que los oferentes y los contratistas, entre otros, deben “comportarse con los más altos niveles éticos y la debida diligencia en los procedimientos y contratos”, evitando el abuso de los derechos y garantías legales y brindando siempre información veraz y oportuna. Todo indica que el MUVH, dirigido por el político colorado cartista Ing. Juan Carlos Baruja, no lo ha considerado al incluir entre las 117 “desarrolladoras inmobiliarias” habilitadas para el programa Che Róga Porã a varias firmas cuyos antecedentes distan de ser impecables.

La empresa Vial Sur, que tiene como directivo a Carlos Muñoz Armas, pareja de la actual ministra vocera del Gobierno, Paula Carro, figura en la lista de desarrolladoras inmobiliarias que podrán operar con el MUVH para construir viviendas en el programa “Che Róga Porã”. Según Carro, no existe conflicto de intereses.