El titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitad (MUVH), Carlos Pereira, dijo a ABC Color que se aboca con su equipo a culminar los detalles para solicitar la intervención del Ministerio Público, de modo a que se abra una investigación por supuesta falsificación de firmas de dirigentes sociales en proyectos de viviendas sociales. Esos proyectos fueron presentados ante esta cartera por los cuestionados “Servicios de Asistencia Técnica (SAT)”, que no concursan pero reciben recursos del Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis)- Ley N° 3637.

Laura Vera, responsable del equipo jurídico del Ministerio de Urbanismo, recordó que en noviembre se realizó el cambio de gestión en la institución, asumió Pereira en reemplazo de Dany Durand, y explicó que durante los trabajos del corte administrativo, se detectó una denuncia presentada en setiembre de 2020, por la Coordinadora Nacional Territorial y Medio Ambiente (Conatesma)- filial Concepción.

“Fuimos a conversar con los afectados, acompañados de los responsables de la Dirección de Transparencia. Mostramos a la gente los originales y ellos negaron que sea su firma”, relató la funcionaria. Agregó que los documentos obran como proyectos presentados entre abril y mayo del año 2019, fueron ratificados por escribanos.

Oficialmente, si un ciudadano o ciudadana quiere obtener una vivienda del Fonavis, debe ser parte de un grupo social que, en teoría, es el que presenta su proyecto a un organismo de SAT. El SAT, que forma parte de los organismos habilitados por el MUVH, lleva el proyecto a la cartera y ésta lo aprueba. Pero en la práctica todo indica que es lo contrario. En realidad, los millonarios recursos históricamente se han usado discrecionalmente, entregando directamente a los SAT sin ningún concurso y estos subcontratan a las “constructoras”, también sin licitación ni competencia, y encima, sin rendición de cuentas a los contribuyentes paraguayos que financias todos esos proyectos (ya que no pasan por la ley 2051 de Contrataciones Públicas, sino por la ley del Fonavis que permite transferencias directas a través del rubro 800).

Vera detalló que las organizaciones afectadas son las de Verónica Ojeda y Gustavo Cabañas; también Taka, de Juan Enrique Rolón Garay; la Asociación Base para el Desarrollo Social (Badeso), de Alfonso Acuña Martínez, y Asociación Tekove Servicio de Acción Social, de Nicolás Rivas. Señaló como aspecto llamativo que algunos de los denunciantes se ratificaron en la denuncia, mientras que otros se rectificaron y sobre estos, mencionó que desconoce sus motivos.

Vera indicó que se solicita la investigación fiscal a fin de que con los peritos especialistas se confirme si las firmas son o no falsas. Mientras dure la investigación los aspirantes a los subsidios para tener casa propia y los SAT involucrados, quedan suspendidos. “Ante la duda de que realmente sea cierto que los SAT falsificaron firmas, no podríamos dar los subsidios a esos beneficiarios que postularon. Y si las denuncia fue falsa, se plantea la misma situación. Son los escenarios que manejamos y trasladamos la investigación a Fiscalía que tiene los especialistas necesarios para aclarar”, expresó.

La denuncia data de setiembre del año pasado, cuando en el Congreso se estaba debatiendo si se aprobaba o no la asignación de US$ 47 millones al MUVH, y en momentos en que la institución se encontraba en el “foco de la tormenta” ante las denuncias de una serie de irregularidades en la gestión del ministro Durand y cuando los SAT cerraron filas para defenderlo, realizando incluso ataques sistemáticos a ABC Color y sus periodistas. Los cuestionamientos iniciaron con las sospechas de que las casas serían más caras de lo que se establecía en las especificaciones técnicas, sobrefacturación confirmada por la Contraloría General de la República (CGR) en su informe final divulgado en agosto último.

La denuncia de falsificación de firmas constituyó un ingrediente más al caldeado ambiente y que conforme al relato de la directora jurídica, fue cajoneado por la administración anterior. El documento tiene fecha del 9 de setiembre del 2020, días antes de que el archivo del Fonavis se convirtiera en cenizas tras un incendio llamativo, que coincidentemente se dio en la oficina del Fonavis. Se trató del tercer incendio registrado en cuestión de meses en esta sede ministerial y que llamó la atención a los propios bomberos intervinientes. La exministra de dicha cartera, Soledad Núñez, y otros referentes sociales cuestionaron como llamativo y estimaron que se trataría de una literal “quema de archivo”.

Cocinada “en la oficina de Yegros”

ABC contactó a los responsables de los SAT individualizados como los responsables de la falsificación de firmas de dirigentes sociales de Arroyito, Horqueta, Loreto e Yby Yau, todos del departamento de Concepción. A excepción de una, con quien no se logró conversar, todos los involucrados negaron que cometieran tal delito y que renunciaron a ser proveedoras del MUVH.

Verónica Ojeda, una de las férreas defensoras del exministro Durand, cuestionó la demora de la comunicación de la denuncia “sin los documentos que la sustentan, como ser el poder o autorización de las comisiones vecinales a la Conatesma Concepción para hacer la denuncia” y resaltó que son hechos falsos y extemporáneos. Además, indicó que ya no es proveedora del MUHV, que se aboca en otros proyectos.

Se trata de la responsable del proyecto Asentamiento Carmen Soler, sitio donde acudieron los auditores de Contraloría y constataron bastantes deficiencias que no concuerdan con las especificaciones contratadas por el MUVH, tales como en la instalación eléctrica, calidad de la materia y otros, que totalizan más e G. 127 mil millones. Se trata de una del centenar de obras de la institución y que en ese entonces Durand lo calificó de “normal”, cuando se trataba de un deficiente fiscalización de cada etapa y para su recepción definitiva.

Teniendo en cuenta ese aspecto, y transferencias irregulares, entre otros, el ente contralor había anunciado que derivaría el caso al Ministerio Público, en octubre pasado, sin embargo, hasta hoy no lo concreta.

Alfonso Acuña, de Badeso, afirmó a ABC: “Niego totalmente toda acusación, estamos haciendo los descargos correspondientes ante el ministerio y donde corresponda”. Al ser insistido referente al trasfondo de la denuncia, señaló que se encuentra averiguando.

Sin embargo, resultaron llamativas las declaraciones de los SAT Gustavo Cabañas y Nicolás Rivas, de Tekove, quienes coincidieron en sus declaraciones a ABC que en “la oficina de Yegros” (de otro SAT) se reunían los responsables de estos organismos que manejan los recursos del Fonavis y que recibían los proyectos que postulaban al Fonavis. De esta manera, se confirma un secreto a voces, que existía una claque de SAT que digitaban los proyectos, con la venía del entonces ministro Dany Durand.

Rivas respondió que es una persona “que jamás haría una falsificación de documentos”. Simplemente “recibió” la carpeta del “Ing. Yegros”, tratando de justificar su buena fe en gestionar ante el ministerio. Al ser requerido que recibía un proyecto hecho, cuando el trabajo del SAT consiste en la elaboración del mismo, atinó a decir “que no se entiende su trabajo”.

Cabañas afirmó que es gestor nuevo, que hasta el momento no se adjudicó ningún proyecto pero que había acudido a esa oficina, donde conversaba con los colegas. “La denuncia fue un escrito y no acompañó un documento que demuestre que la firma pertenece a la persona. Eso es lo que a nosotros nos llama la atención”, mencionó. Añadió que existen SAT que actúan de mala fe y buscan eliminarles en la “carrera” por los recursos de la reactivación económica.

No se logró conversar con el representante de Taka, de Juan Enrique Rolón Garay, pese a los reiterados intentos vía llamadas y mensajes de texto. La dirección de su oficina, según el registro oficial del MUVH, coincide con la ubicación sindicada como el punto de encuentro entre colegas, Yegros casi Manuel Domínguez.