23 de abril de 2026
El extitular de Petropar Eddie Jara incumplió la Ley 5033/13 al no presentar su declaración jurada tras dejar el cargo. Tras vencerse los plazos legales, el exfuncionario del gobierno de Santiago Peña queda sujeto a multas millonarias, mientras la Contraloría ya detectó un agujero de entre G. 1.135 millones y G. 1.549 millones en su balance patrimonial.

La Justicia autoriza a la Contraloría General de la Republica a ingresar incluso con acompañamiento policial a la Municipalidad de Valenzuela para retirar los documentos y así continuar con una auditoría. La intendenta Mirtha Fernández (PLRA), quien afronta juicio por lesión de confianza, se niega a rendir cuentas al ente contralor.

La Contraloría General de la República (CGR) aplazó a la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco), tras verificar que la institución NO CUMPLIÓ 25 de las 28 observaciones realizadas tras una auditoría entre 2022 y 2023. Hasta febrero pasado, el 92% de los funcionarios cobraron un “plus” a pesar de que el ente destina solo el 2% de recursos para actividades misionales.

La Contraloría confirmó que Petropar habría transgredido la ley de contrataciones públicas al extender en más de 200% el plazo contractual con la firma Doha Holding Group LLC, ligada a Alejandro Domínguez Pérez. Las adendas se rubricaron sin pedidos formales de la contratista ni justificación técnica suficiente. Instó a la estatal a abstenerse de nuevas ampliaciones del plazo contractual.

La sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue escenario de otra batalla en medio de una “guerra” -incluso interna del cartismo- por el manejo de los millonarios fondos del programa de alimentación escolar “Hambre Cero”. El diputado cartista César Cerini pidió a Contraloría un fiscalización especial contra dos de sus correligionarios. Opositores plantean “fusilar” a los que roban ese dinero y acusan de “coimas” de hasta US$ 70 millones.

Pese a que la Contraloría General de la República (CGR) dictaminó en 2024 que el pago de bonificación por “gestión administrativa” a directivos era irregular, el Instituto de Previsión Social (IPS) presidido por Jorge Brítez continuó repartiendo el rubro hasta febrero de este año. El ente quiso burlar controles con un confuso pedido de dictamen y sacando plus a jefes inferiores.