6 de septiembre de 2026

El intendente de Acahay Aldo Lezcano (Alianza), denunciado por presunto acoso sexual, obtuvo una baja calificación de parte de la Contraloría General de la República (CGR) tras la verificación del cumplimiento del “plan de mejoramiento administrativo” propuesto. Según el ente contralor, el jefe comunal solo logró el 50% de los ítems sugeridos para mejorar la transparencia municipal.

En total, 14 diputados del PLRA votaron por acompañar al cartismo y confirmar por otro periodo al Contralor General de la República Camilo Benítez. Esto pese a que el Directorio Partidario había instado a sus afiliados y al resto de la oposición a no legitimar el copamiento oficialista del ente. El titular partidario, Alcides Riveros, quien debía transmitir esta postura a diputados y senadores, dijo que no hubo “bajada de línea” ni “ninguneo” por ellos.

Tras rechazar un debate libre sobre la crisis en el sistema de salud por el reclamo de médicos, la mayoría cartista y de aliados reeligió como Contralor General de la República a Camilo Benítez Aldana (ANR), a quién opositores tildaron de “garrotero” al servicio del cartismo. También consumaron el copamiento nunca dado en la era democrática, designando al colorado Armindo Torres como subcotralor. Elección apresurada y sin siquiera oír a los demás ternados, evidenció que hubo “orden superior”. Oposición estuvo dividida, ya que liberales no se sumaron a hacer el vacío en protesta e incluso varios votaron a su favor.

La Cámara de Senadores, presidida por Basilio “Bachi” Núñez, todavía no designó a los seis legisladores que deberán integrar la Comisión Especial de Investigación creada para investigar y esclarecer presuntos hechos de corrupción en el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Salud. Su integración cobra mayor relevancia luego del demoledor informe presentado ayer por el contralor Camilo Benítez.

Las bancadas coloradas ratificaron su apoyo para la reelección de Camilo Benítez como Contralor General y a Armindo Torres como subcontralor. Ante esto, la diputada Rocío Vallejo criticó la falta de pluralismo y advirtió sobre la ausencia de contrapesos institucionales.

Durante la entrega del Informe Financiero 2025, el organismo auditor advirtió que el Instituto de Previsión Social opera con bases de datos desactualizadas y millones retenidos sin respaldo. La Contraloría exigió medidas urgentes ante esta situación.