La detención del astro del fútbol, el brasileño Ronaldinho Gaúcho, la desaparición de la niña francesa en Emboscada, la fuga de 76 presos de la cárcel de Pedro Juan Caballero, la captura del sicario de Pablo Medina, el hallazgo de un laboratorio de droga en el penal de Tacumbú y la incautación de 2.906 kilos de cocaína en Villleta, fueron los hechos más resaltantes en el ámbito judicial-policial este año.
Escasas plazas para desintoxicación e inexistencia de comunidad terapéutica son las principales falencias de la respuesta estatal a la problemática de drogas. Camilo Torres, juez penal de la adolescencia, afirma que la pandemia agravó el abandono de los jóvenes adictos y sin un abordaje interinstitucional, no habrá solución posible.
El “Día internacional contra el trafico ilícito y el abuso de drogas” se conmemora cada 26 de junio. La deuda de Paraguay es grande en cuanto a brindar y asegurar tratamiento de personas con problemas de adicción, pese a la lucha contra el flagelo. Hay un solo centro nacional especializado, pero no da abasto.
En un día como hoy, la desgracia se instaló en la vida de Florencia Estigarribia, para no irse más. Tras enterrar los restos mortales de su hija Felicita, de 11 años, fue obligada a dejar Yaguarón para ir a Pirayú, donde llora en silencio y con mucha impotencia de que su caso continúe impune.
El juez Mirko Valinotti se opuso al criterio de oportunidad para Ronaldo (Ronaldinho) y Roberto de Assis Moreira, hecho por los fiscales Federico Delfino y Alicia Sapriza. La fiscalía rectificó su postura, imputó y ordenó la detención de los brasileños. El sábado, una jueza ordenó la prisión preventiva de los hermanos.
Un Tribunal de Sentencia de Paraguarí condenó a un hombre por abusar de su hijastra, pero solo recibió medidas de conducta, pese a que la fiscalía había producido pruebas para lograr una pena que se ajuste al hecho. Paradójicamente la fiscala del caso fue enjuiciada y la Corte debe tratar su confirmación en el cargo.
La fiscala Irma Concepción Arias Barreto presentó denuncia en reiteradas ocasiones contra el Ministerio Público, su propio lugar de trabajo, por mobbing o acoso laboral. Es la primera que se registra en el ámbito de la función pública. Fue por la presión de sus funcionarios que derivaron en constantes traslados de sede.