Un portavoz del departamento afirmó, en declaraciones difundidas en la página web de la cartera, que el proyecto de ley, bajo el pretexto de la ciberseguridad y la seguridad de la cadena de suministros, introduce factores altamente subjetivos y arbitrarios.
Entre ellos, el funcionario citó la identificación de "países de preocupación en materia de ciberseguridad" y "proveedores de alto riesgo", que quedarían excluidos de las cadenas de suministro relevantes de la UE en 18 sectores, incluidos energía, transporte y TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación).
"Esto constituye un ejemplo típico de politización y de sobre-aseguramiento de cuestiones comerciales y económicas", sostuvo.
También señaló problemas del proyecto como la violación del principio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre el trato de nación más favorecida y trato nacional.
El gigante asiático también estimó que la ley excede la competencia del derecho de la UE y erosiona la autoridad de los Estados para gestionar asuntos de seguridad nacional, y consideró que podría causar un daño sustancial a las relaciones económicas y comerciales entre China y la UE o afectar gravemente a las cadenas de suministro globales.
China sugirió eliminar del proyecto las disposiciones relativas a conceptos como "países de preocupación en materia de ciberseguridad", así como suprimir o modificar sustancialmente los criterios para identificar a los "proveedores de alto riesgo" y las medidas restrictivas asociadas.
El portavoz confió en que la UE no subestime su "firme determinación" de salvaguardar sus intereses nacionales y los derechos legítimos de sus empresas, ni permita un retroceso en las relaciones económicas y comerciales bilaterales.
Bruselas presentó en enero una nueva ley de ciberseguridad que crea un marco común para evaluar riesgos en infraestructuras críticas de la Unión Europea, sin señalar explícitamente a países o empresas concretas.
La normativa refuerza el control sobre sectores estratégicos como las redes 5G y 6G, la computación en la nube o los semiconductores, y abre la puerta a restringir o excluir a proveedores considerados de "alto riesgo".
Aunque el texto no cita nombres, la Comisión Europea ha reiterado desde 2019 sus reservas sobre la participación de compañías chinas como Huawei o ZTE en el despliegue de redes de telecomunicaciones en el bloque.