De acuerdo a un recuento publicado por la web, los votantes de diez estados estadounidenses estaban llamados a pronunciarse el martes sobre 41 propuestas locales diferentes relacionadas con el desarrollo de centros de datos, que son una de las grandes apuestas del presidente, Donald Trump, y despiertan un creciente recelo en el país norteamericano.
Las consultas abordaban desde prohibiciones y moratorias hasta autorizaciones urbanísticas y mecanismos de participación ciudadana para decidir sobre estas instalaciones.
En 38 de las 41 consultas los votantes respaldaron restricciones o rechazaron medidas para facilitar el desarrollo de centros de datos en sus localidades.
Otras tres consultas celebradas el 3 de noviembre seguían pendientes de resolución, pero por lo que se lleva de recuento, los resultados se inclinan en contra de impulsar el desarrollo de centros de datos, según las informaciones de Ballotpedia.
Entre lo aprobado el martes destaca la contundencia con la que se votó en el municipio de El Dorado, Kansas, donde se aprobó prohibir durante 10 años la construcción de centros de datos de alto impacto y de determinados sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías.
Por su parte, en Edgewater, Florida, se aprobó modificar la carta municipal para impedir que se aprueben, construyan, amplíen u operen nuevos centros de datos y también para que modificar o derogar esta prohibición requiera de una votación ciudadana.
En la localidad de Upper Sandusky, Ohio, el recuento provisional apunta a que los vecinos prohibirán también la construcción de centros de datos en el municipio.
El desarrollo de la inteligencia artificial y la instalación de centros de datos de gran capacidad ha sido una de las grandes apuestas económicas de Trump, que recibió el martes junto a los republicanos un duro correctivo electoral que desembocó en los demócratas haciéndose con el control de las dos Cámaras del Congreso.
Según muestran distintas encuestas, Estados Unidos está entre las economías desarrolladas donde los centros de datos despiertan más desconfianza por factores como la potencial destrucción de empleo o el elevado uso de recursos que consumen estas instalaciones y que hacen temer por facturas de la luz y el agua más altas a las comunidades donde se establecen.